Pachuca. - Durante la conmemoración de la Autonomía Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en Plaza Juárez reapareció en público el exrector Gerardo Sosa Castelán, quien dijo encontrarse bien tras los procesos judiciales en su contra que aún continúan.
Entre empujones y resguardado por docentes y administrativos de la UAEH, Sosa Castelán respondió brevemente a cuestionamientos sobre su situación jurídica y envió un mensaje de respaldo a la autonomía universitaria.
Sobre su proceso legal
El exrector confirmó que continúa en curso el proceso penal en su contra. “Es un proceso jurídico que tiene sus tiempos y hay que resolverlo, la audiencia será a finales de octubre”, compartió ante empujones a representantes de medios de comunicación.
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Respecto a los señalamientos por presuntos desvíos de 58 millones de pesos, el también expresidente del Patronato Universitario, aseguró no tener desconfianza y dijo encontrarse bien. Asimismo, al ser cuestionado sobre el brazalete electrónico que usó como medida cautelar, respondió en tono irónico que se encuentra “en el museo de la universidad” y, ante la insistencia, agregó que “está en la historia”.
Mensaje por la autonomía
Gerardo Sosa Castelán afirmó que su presencia en la marcha responde a la convocatoria del rector en turno, Octavio Castillo Acosta, y al compromiso de los exrectores con la defensa de la autonomía universitaria.
“La autonomía es la que nos trajo aquí y aquí estamos por la autonomía. ¡Que viva! Y por invitación del señor rector estamos aquí los exrectores, siempre acompañando cuando nos inviten”, expresó.
Sobre la posibilidad de que existan otros procedimientos penales en su contra dijo desconocerlos, aunque adelantó que próximamente ofrecerá una rueda de prensa para hablar con mayor amplitud.
Antecedentes del caso
Sosa Castelán, también exdiputado federal, enfrentó acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, dentro de una red señalada como “La Sosa Nostra”.
En septiembre de 2024, fueron desestimados los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En abril de 2025 le fue retirado el brazalete electrónico y se anunció que enfrentaría un Tribunal de Enjuiciamiento.
Un mes después, en mayo de 2025, un tribunal federal anuló la absolución y ordenó reabrir el juicio. Posteriormente, en agosto de 2025, la FGR apeló la libertad del exrector, buscando su regreso a prisión que hasta ahora no se ha dado.
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