Pachuca.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo dos autos de vinculación a proceso en contra de Martiniano N, exoficial mayor del gobierno estatal durante la administración 2016-2022, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, ambos en perjuicio de la administración pública estatal.
El primer proceso por el delito de peculado agravado, deriva de la distracción de 116 millones 62 mil pesos correspondientes al seguro catastrófico contratado por el Gobierno de Hidalgo con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. en abril de 2021.
De acuerdo con la investigación ministerial, el entonces funcionario solicitó 60 millones de pesos para la renovación de la póliza, bajo el contrato número 303/2021. Tras el paso del huracán Grace en agosto de 2021, la aseguradora realizó el pago millonario por concepto de reparación de daños; sin embargo, el recurso no ingresó a las arcas estatales, sino que fue depositado a una cuenta privada de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V.
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Por estos hechos, el juez de control, Jesús Anim Ope Islas resolvió vincular a proceso al exfuncioario de Omar Fayad Meneses, y por cuarta ocasión se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Venta irregular de tres helicópteros
En un segundo proceso, la jueza de control, Areli Sánchez Lazcano, resolvió vincular a proceso por su probable responsabilidad en la venta irregular de tres helicópteros propiedad del Gobierno de Hidalgo, sin contar con los avalúos correspondientes, durante el mismo periodo gubernamental.
La Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso ejecutó la orden de aprehensión en reclusión el pasado 22 de octubre, y durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada este 27 de octubre de 2025.
Suma dos vinculaciones a proceso
Al igual que en las anteriores ocasiones, se le ordenó la medida de prisión preventiva justificada y se dio un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Con ambas resoluciones judiciales, el exfuncionario enfrenta procesos penales simultáneos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos y bienes estatales durante la pasada administración.
sjl