PACHUCA.- Tras obtener un amparo, el juez de control Luis Raúl González Becerra resolvió modificar la medida cautelar en una de las tres causas penales que se siguen en contra del ex oficial mayor durante la administración estatal anterior, Martiniano N.
Dentro del expediente 1258/2023, el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito revocó la sentencia del 25 de septiembre de 2023, dictada en el juicio de amparo indirecto por el entonces juez cuarto de distrito en el que se negaba el amparo de la justicia federal.
El amparo ordenaba al juez de control emitir una nueva medida cautelar diversa a la prisión preventiva justificada; por lo que le impuso a Martiniano N el resguardo domiciliario y sometimiento al cuidado o vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares.
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Sin embargo, se debe recordar que el ex oficial mayor enfrenta tres procesos penales, todos por el presunto delito de peculado, por lo que, aunque gane un amparo seguirá en prisión porque en los otros dos procesos también le fue impuesta la prisión preventiva justificada.
La causa penal por la que le fue impuesta la nueva medida es la 834/2023 en la que es señalado de presunta distracción de recursos por un rango de 18 millones 284 mil 606 pesos que fueron utilizados para la supuesta compra de 34 mil litros de crema antiséptica en 2022, durante la pandemia del coronavirus (covid-19).
El insumo fue adquirido a la empresa Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., pero nunca formó parte del patrimonio de la administración estatal. Por su presunta participación, el imputado fue vinculado a proceso en julio de 2023 por peculado agravado.
Cabe recordar que Martiniano N obtuvo otro amparo por una vinculación a proceso, en el cual la defensa hizo valer el principio de oralidad y señaló que fue violado por el agente del Ministerio Público (MP), ese asunto fue recurrido por la representación social y se está en espera de la resolución del tribunal de circuito.
Causas pendientes
Martiniano N tuvo una presunta participación en el desvío de 11 millones 998 mil 650 pesos, para la supuesta adquisición de un sistema informático que sería instalado en la Contraloría del estado; sin embargo, dicho sistema ya existía y aun así el estado erogó los recursos mencionados.
En la tercera imputación, se menciona un contrato por el que con recursos públicos del gobierno del estado de Hidalgo se pagó la cantidad de 11 millones 850 mil 999 pesos; para la compra de un sistema informático. El delito del que es señalado el ex funcionario con nivel de secretaría es peculado agravado, cometido en perjuicio de la administración pública estatal y como medida cautelar mantiene la prisión preventiva justificada. La suma reclamada es de 42 millones 98 mil 719 pesos.