TULA DE ALLENDE.- Se cumplirán 7 años del conflicto en la planta cementera Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, Hidalgo. Durante estos años, al menos se registran 2 fuertes enfrentamientos armados, uno de ellos incluso con saldo negativo, detenidos, muertos y lesionados. A la fecha, son 3 años de mesas de trabajo y todo sigue igual. La Cooperativa demanda la planta se encuentra tomada por un grupo contrario, y el personal no ha podido ingresar a cumplir con sus jornadas laborales.
En un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, otras autoridades federales y al gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; al jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun; y al presidente municipal de Tula de Allende, Cristhian Martínez Reséndiz, el Consejo de administración de la Cooperativa Cruz Azul presidida por Víctor Manuel Velázquez Rangel expone las razones por las cuales han decidido suspender el pago salarial a los trabajadores hidalguenses.
Te podría interesar
Se quedarán hidalguenses sin salario
La Cooperativa Cruz Azul señala que se suspenderá el pago de salarios y sueldos a 2,812 trabajadores de la planta en Tula de Allende, a partir del 1 de febrero de este año 2025. Las razones responden a una crisis económica que atraviesa la cooperativa tras casi 3 años de realizar los pagos ininterrumpidos a la base trabajadora de Hidalgo, pese a que las instalaciones se encuentran ilegalmente tomadas, mencionan.
La “cooperativa está en una situación de grave riesgo financiero”, exponen. La planta ha dispersado más de 3,000 millones de pesos a los trabajadores hidalguenses quienes no han podido ingresar a las instalaciones, porque un grupo afín al exdirectivo y prófugo de la justicia, Guillermo Billy Álvarez se encuentra en posesión de las instalaciones.
Te podría interesar
Cuestionan la labor de las autoridades de Hidalgo
En el mismo escrito señalan que las autoridades de Hidalgo no han colaborado en "recuperar la legalidad" del inmueble, llevando así al conflicto al que sería su séptimo año. Detallan las órdenes de aprehensión que existen en contra de los presuntos responsables “no han sido ejecutadas”, lo que imposibilita también se siga pagando “a quienes no laboran”.
Aclaran durante los últimos 3 años se han realizado diversas mesas de trabajo; sin embargo, la planta permanece “secuestrada”. Ante ello, los cooperativistas reiteran la disposición de trabajar con las autoridades para recuperar la planta cementera en Tula y se comprometen a recibir a los trabajadores que se encuentren ajenos al conflicto. Al final de la carta se observan las firmas de los integrantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia de Cooperativa Cruz Azul.
Lo que debes de saber del conflicto
En el año 2019, una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destapó que la directiva de la Cooperativa La Cruz Azul estaba inmersa en presunto lavado de dinero, inversiones en paraísos fiscales y otras irregularidades, a espaldas de los cooperativistas. En ese entonces se acusó directamente al que fuera su presidente Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez.
En el año 2020 un juez giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, en tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y la Interpol emitió una ficha roja, que significa que el entonces directivo de Cruz Azul es buscado en 195 países. Actualmente, Billy se encuentra prófugo de la justicia.
Hay 2 grupos, el reconocido de manera oficial por el gobierno liderado por Velázquez (que controla el club Cruz Azul) y el grupo del otrora líder Guillermo Billy Álvarez y que retuvo la planta de Tula.
Fue en septiembre de 2020, cuando Víctor Velázquez interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra del grupo de Federico Sarabia, por presunta venta ilegal de cemento. En diciembre del mismo año, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Federico Sarabia por el delito de fraude procesal y fraude genérico.
En abril de 2021 se ratifica a Víctor Velázquez Rangel como presidente del Consejo de Administración, en la asamblea entre representantes cooperativistas y por parte de un actuario del Poder Judicial. La asamblea a la que pertenecía Federico Sarabia fue declarada inválida el 31 de marzo de 2022 en forma definitiva.
En abril de 2022, el grupo encabezado por Federico Sarabia de toma las instalaciones de la planta cementera en Tula. El conflicto hizo que la producción parara en su totalidad ante un corte del suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que derivó en pérdidas económicas millonarias. A la fecha sigue sin operar.
jgp