Pachuca.— De la pasada administración estatal, encabezada por Omar Fayad Meneses, aún hay cuentas pendientes de solventar, así lo dio a conocer el titular de la Contraloría, Álvaro Martín Bardales Ramírez.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el funcionario comentó que hay un pendiente de las cuentas públicas anteriores a 2022, por un monto de dos mil millones de pesos, de los cuales al Poder Ejecutivo corresponden 638 millones de pesos. Dentro de dicha cifra, no se encuentran 807 millones de pesos que están en litigio debido a que la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, los depositó en Accendo, un banco que se declaró en quiebra, y la cifra no ha podido ser recuperada.
De los 2 mil millones de pesos pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un porcentaje es de las entidades paraestatales, otra de Ayuntamientos, siendo en 2021, Ixmiquilpan con pendiente de 3.1 millones de pesos, Mineral de la Reforma con 1.8 millones de pesos, Mineral del Monte con 749 mil pesos; Mineral del Chico con 410 mil pesos; Nopala de Villagrán con 152 mil pesos, Metztitlán con 83 mil pesos y Actopan con 49 mil pesos.
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En lo que hace a la Cuenta Pública 2022, hay pendientes por parte de los ayuntamientos de Lolotla, por 8.7 millones de pesos; San Felipe Orizatlán, con 2.8 millones de pesos; Zacualtipán, con 2.5 millones de pesos; Tezontepec de Aldama, con 1.8 millones de pesos; Actopan, con 1.2 millones de pesos; Mixquiahuala con 739 mil pesos; Nopala con 561 mil pesos; Metztitlán con 232 mil pesos y Tula de Allende con 186 mil pesos.
El asunto de Accendo está en litigio
La extitular de Finanzas en Hidalgo, Jessica Blancas, está involucrada en la faltante de 807 millones 128 mil 783 pesos del ejercicio fiscal 2021, invertidos en el Banco Accendo, hoy declarado en bancarrota y que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Accendo aún no ha recuperado los recursos económicos que al igual que Hidalgo, invirtieron los gobiernos de Durango, Estado de México, Baja California, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca.
Sin embargo, debido a que existe un proceso judicial en materia mercantil del cual están a cargo instancias federales, el estado no puede realizar ninguna acción, hasta no tener el resultado del litigio, indicó Álvaro Bardales.
Expuso que “el concurso mercantil es un juicio sumario, mayor al que pueda interponer el estado, por lo que debemos esperar que se desahogue el federal para poder actuar en consecuencia”.
Aseguró que no prescribe el ejercicio de la acción, pues el asunto ha estado en litigio desde que salió la pasada administración, por lo que no existe riesgo de perder los derechos.
Cabe señalar que Jessica Blancas ha sido señalada en las carpetas de investigación relacionadas con la Estafa Siniestra, en la que se presumen movimientos financieros con empresas fantasma, en las que se simularon compras, contratación de servicios con el objeto de desviar el recurso hacia cuentas personales y beneficiar a particulares.
sjl