Pachuca.— La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la recomendación con el número R-TB-0007-24 al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, por un caso de tortura contra una persona de la diversidad sexual, ocurrido en Tulancingo de Bravo en 2007.
En conferencia de prensa, Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la CDHEH, acompañada por Antonio Rueda Cabrera, director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), precisó que la víctima es una persona perteneciente a la diversidad sexogenérica privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Tulancingo.
Detalló que el 1 junio de 2023, la CDHEH recibió un oficio firmado por el director ejecutivo de la MNPT, en el cual dio vista de posibles hechos de maltrato físico y psicológico que podrían constituir tortura en contra de la víctima, por lo que se inició la queja a favor de una mujer y en contra de agentes de la ahora División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH.
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Parra Bonilla informó que, en 2007, la víctima fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Procuraduría, en donde recibió agresiones de carácter físico y verbal, “incluso, fue obligada a realizar prácticas de índole sexual”.
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Para la investigación, la CDHEH recopiló pruebas como copias certificadas de las causas penales en las que la víctima tiene el carácter de sentenciada, además del dictamen médico-psicológico para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.
Este último fue emitido por la Unidad Especializada de Investigación en Tortura (UNIT) de la CDHEH, y se trata del primer caso investigado y emitido por esta área, lo que es un precedente histórico para la Comisión y la entidad.
La UNIT llegó a una conclusión y determinó que “con base en las pruebas técnicas y métodos utilizados en la evaluación psicológica practicada se determina que la víctima presenta algunas reacciones psicológicas que han sido identificadas como frecuentes en víctimas sobrevivientes a un evento de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, según las directrices que establece el Protocolo de Estambul.
De igual forma, Ana Karen Parra dio a conocer que en los casos que la víctima se sintió humillada y burlada por su expresión de género, la CDHEH analizó el contexto acreditó las violaciones de derechos humanos por parte de los agentes de investigación consistentes en: derecho a la integridad y seguridad personal, derecho a no ser sometida a tortura, tortura sexual, y derecho a la protección contra toda forma de violencia.
Ante ello, se emitieron cinco puntos recomendatorios al jefe del despacho de la PGJEH, entre los que destacan se proceda a la inscripción de la víctima directa al Registro Estatal de Víctimas; se capacite a los servidores públicos de la Procuraduría sobre el tema de tortura; se dé inicio a la carpeta de investigación para el correcto proceso y determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas; y se ofrezca una disculpa pública. El plazo para la aceptación de la recomendación vencerá el próximo 11 de julio.
Hay 49 casos en investigación
Ana Karen Parra mencionó que en Hidalgo la CDHEH investiga actualmente 49 casos por posible tortura, en el periodo de 2017 a 2024, mediante la UNIT, con acompañamiento del Mecanismo Nacional, y precisó que la mayoría pertenecen a quejas contra áreas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Dos recomendaciones más
La titular de la CDHEH también informó de la recomendación R-VG-0005-24, dirigida a la secretaria de Salud de Hidalgo, Juana Vanesa Escalante, respecto del caso de una persona del sexo masculino que fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas en el Hospital General de Pachuca, donde se acreditó que hubo una mala práctica por parte de la anestesióloga, una inadecuada integración del expediente clínico y la omisión de proporcionar información suficiente, clara, oportuna y veraz de los tratamientos realizados.
De igual forma, se emitió la recomendación R-VMJ-0006-24, dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, por un hecho ocurrido en 2021, cuando la víctima, una persona privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Actopan, no recibió diagnostico ni atención médica oportuna y falleció por covid-19.
sjl