Pachuca.— Al desahogar la audiencia intermedia del proceso penal que se sigue en contra del diputado local, Edgar N, el agente del Ministerio Público, —quien en tres ocasiones no se presentó en los juzgados orales—, este día compareció; solicitó la pena máxima para el legislador acusado de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión con fines de comercio.
El agente del Ministerio Público pidió al juez de Control, David Adrián Martínez, imponer la pena de seis años de prisión al exdiputado local del Partido del Trabajo (PT), ya que al realizar un cateo en su domicilio hallaron un arma sin los permisos correspondientes y sobres de probable metanfetamina.
Desde el 24 de septiembre de 2023, Edgar N se encuentra en prisión preventiva justificada y junto con Areli N enfrentan el proceso penal, aunque ella está en libertad bajo la medida de firma periódica y de no acercarse a San Nicolás, Ixmiquilpan.
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Durante la audiencia le fueron avaladas al MP 12 testimoniales, así como pruebas periciales de química, medicina legal y criminalística. Mientras que a la defensa le fueron aprobados ocho testimoniales y seis documentales.
El abogado defensor de Edgar N, Roberto Ramírez, explicó que la audiencia intermedia sirve para valorar todas y cada una de las pruebas que se habrán de desahogar durante el juicio, de ahí que, una vez concluida esta etapa, el siguiente paso es dictar el auto de juicio oral.
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Explicó que ellos solicitaron la exclusión de algunas pruebas, en las que se alegó violaciones a derechos fundamentales, pero el juez de Control no les dio la razón; no obstante, se dijo seguro de que al finalizar el proceso se dictará un fallo absolutorio, pues hubo errores por parte del MP que se harán valer.
Además de la pena máxima, el MP pidió se le imponga una multa de 300 UMAS equivalentes a 32 mil 571 pesos, así como medidas de no repetición y una disculpa pública.
Edgar N dice es víctima de la fabricación de un delito
Durante la audiencia, el diputado con licencia hizo uso de la voz en dos ocasiones, en un primer momento para pedir que lo más pronto posible se dé fecha de juicio oral por considerar que su caso era de interés público y alegar que hay “persecución política” y “fabricación de delito”. Y, en un segundo momento, requirió información sobre las medidas de apremio impuestas al agente del Ministerio Público que en tres ocasiones no llegó a las audiencias y retrasó la resolución.
El juez le dio al MP un plazo de cinco días hábiles para que pague la multa de 2 mil 171.40 pesos que le aplicó y que no recurrió, desde el pasado 15 de abril de 2024, de lo contrario se aplicará el descuento directo de su salario.
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