Pachuca.— A casi nueve años de entrar en funcionamiento, el Tuzobús estaría a punto de dar el siguiente paso para convertirse en un sistema de transporte no contaminante con la incorporación de unidades eléctricas para brindar servicio a la población hidalguense.
En este sentido, el gobernador de la entidad Julio Menchaca Salazar dio a conocer que se estudia la posibilidad de que el Tuzobús sea eléctrico y ya existe acercamiento por parte de varias empresas para proveer las unidades, aunque todavía es un tema que se encuentra en desarrollo.
“Están haciendo varias empresas y compañías acercamiento con la Secretaría de Movilidad para hacerle propuestas”, mencionó el Ejecutivo estatal, quien recordó que actualmente existe un litigio en torno al Tuzobús, pero es prioridad brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
“Se requiere una solución definitiva porque se ha ido postergando, incluso hay juicios, hay un litigio de por medio, entonces se deben tomar las mejores medidas que, por un lado, posibiliten la mejor movilidad en la zona metropolitana, y por el otro, que se cuide la economía de los usuarios”, dijo el mandatario sin abundar en detalles.
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Julio Menchaca Salazar mencionó que en el mismo proceso se encuentra la concesión de la empresa Taxi Contigo, la cual fue implementada durante la administración estatal anterior, pues aún no hay una resolución sobre si la aplicación continúa o se revoca.
“Es un tema que está todavía en proceso porque tiene implicaciones de tipo jurídico, igual está en ese proceso la resolución final del Tuzobús, son situaciones que nos heredaron y que se han venido resolviendo en el transcurso del tiempo, pero siempre pensando, en cualquiera de las circunstancias, en el bienestar de los ciudadanos”.
Taxi Contigo, bajo la lupa
El gobernador no descartó que se dé un proceso por los 10 años que se dieron de concesión en el caso de Taxi Contigo, como el que ocurrió con los puentes, pero sostuvo que para ello se está analizando mediante otras áreas.
“Si se incurre, como en el caso de los puentes, si se llegara a incurrir en un delito o en una falta administrativa en eso está trabajando la Procuraduría y la Contraloría. En el caso particularmente de una propaganda irregular, en una infraestructura que no le genera ningún beneficio ni al municipio ni al estado, y además con aceptación de quien dio esa autorización, una reparación del daño, pues se va a actuar en consecuencia”, indicó.
“Hay que tener mucho cuidado en las decisiones que trascienden en el tiempo, que trascienden una administración municipal o estatal, y debe de tener, si se da, las autorizaciones que correspondan, ya sea del propio Ejecutivo o, incluso, las que tienen que ver con el Congreso del estado”, agregó.
sjl