Pachuca.— Por falta de un juicio de procedencia, llamado coloquialmente desafuero, el diputado de Hidalgo, Edgar N libró que le hicieran una segunda formulación de imputación, ahora por el delito de uso y portación de armas de fuego, que se persigue por el Ministerio Público Federal.
Este martes 2 de abril, se agendó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Federal en Hidalgo, en la que el agente del Ministerio Público realizaría la formulación de imputación; sin embargo, debido a que el legislador ostenta un cargo de elección popular y a la luz del artículo 111 constitucional goza de fuero, la jueza de distrito, Verónica Gutiérrez Fuentes, consideró que primero se debe solicitar el juicio de procedencia ante el Congreso de Hidalgo, ya que de lo contrario se estaría violando sus derechos.
En consecuencia, el agente del Ministerio Público Federal no pudo informar al diputado local, Edgar N, acerca de que se le investiga por el presunto delito de uso y portación de arma de fuego, es decir, no pudo realizar la formulación de la imputación.
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Al salir de la audiencia, Christian Maldonado Ruiz, abogado defensor de Edgar N, explicó que gracias a que la Constitución está por encima de cualquier ley local, su defendido cuenta con “inmunidad legislativa”, de ahí que no proceda la formulación de imputación.
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Explicó que el artículo 111 establece que para proceder penalmente contra los diputados y senadores, entre otros servidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados deberá hacer la declaración de procedencia, y en caso contrario (que no exista tal procedimiento) se suspenderá todo procedimiento, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido, pero la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, cita el 111 de la Constitución.
Defensa argumenta violación sistemática contra el político
Christian Maldonado Ruiz expuso que su cliente es objeto de acciones políticas, incluso ha solicitado que su asunto se ventile ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues, argumentó que la prisión preventiva justificada que le dictaron por el delito de narcomenudeo en el fuero común “es excesiva”. Aunado a ello, el asunto presenta “deficiencias e irregularidades, entre ellas que el cateo fue nulo”, y se han solicitado los videos y en el fuero común les fueron negados, y una vez que los obtuvieron por medio de las autoridades federales, han detectado inconsistencias de tiempo, modo y lugar.
Agregó que existe una carpeta de investigación por desaparición de persona, ello debido a cómo lo sacaron de su casa.
El proceso: desde la aprehensión hasta el amparo
Edgar N fue aprehendido en su domicilio el 21 de septiembre de 2023, luego de que elementos de la PGJEH hallaran —presuntamente— droga y armas.
El también legislador petista fue vinculado a proceso sietes días después, el 28 de septiembre, bajo la imputación de narcomenudeo, delito que es de competencia local (fuero común) y por el que se pudo proceder porque en la entidad, los representantes populares ya no gozan de inmunidad (fuero), pero en lo que hace a la portación de armas se dejó a cargo del Ministerio Público federal, pero hasta el momento no han podido proceder penalmente porque goza de fuero constitucional.
Después de su aprehensión y vinculación interpuso un juicio de amparo, pero hasta el momento la autoridad federal no se ha pronunciado y continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
sjl