Pachuca.— En Hidalgo, diputados locales propusieron reformar el Código Penal para tipificar el delito de “explotación financiera de personas adultas mayores”, para frenar así los abusos de familiares o personas cercanas, quienes quitan una parte o todo el dinero que reciben por concepto de salarios, pensiones o jubilaciones que les son depositados en sus instrumentos financieros.
De acuerdo con la diputada local, María Adelaida Muñoz Jumilla, impulsora de la iniciativa, uno de los problemas a los que se han enfrentado las personas adultas mayores de 65 años y más, al recibir la Pensión del Bienestar que les da el gobierno, es que muchas veces no llega a su destino por diversas razones.
“Una de ellas es que las personas adultas mayores solicitan apoyo de familiares o personas cercanas para que los ayuden a retirar el dinero de los cajeros, lo cual propicia que se presente a abusos, al quitarles una parte o todo su dinero”, expresó la legisladora de Nueva Alianza Hidalgo.
Mencionó que la Secretaría del Bienestar ha recibido reportes de personas que han sido víctimas de abusos. Ante esta situación, se han abierto diversos canales de denuncia como la “Línea Plateada” o “el chat de confianza”, para que las personas adultas mayores puedan hacer del conocimiento de las autoridades si alguien les llega a quitar su dinero.
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“La dependencia federal señala que las denuncias han sido por abusos directos de los familiares de las personas adultas mayores, quienes les quitan sus tarjetas para retirar el dinero”, dijo.
De esto se trata el concepto de “explotación financiera”
Por ello, la propuesta de reforma al Código Penal de Hidalgo, a fin de que se tipifique el delito de explotación financiera de personas adultas mayores, cuando sin su consentimiento expreso, por cualquier acto u omisión, controle, manipule, sustraiga, transfiera o retire sus ingresos por concepto de salarios, pensiones y/o jubilaciones que les son depositados en sus instrumentos financieros.
La legisladora aliancista recordó que a través de una reforma al artículo 4, párrafo 15, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de noviembre de 2019, por el presidente de México, hizo posible que el 8 de mayo de 2020 quedara la pensión universal a las personas adultas mayores como un derecho consagrado.
Con el programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, el gobierno federal apoya de manera universal a mujeres y hombres de 65 años y más en todo el país. La entrega de este recurso, contemplado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene el objeto de contribuir a su bienestar y mejorar las condiciones de vida, en consideración a que este grupo social enfrenta condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud.
“De acuerdo con el gobierno federal, su objetivo es mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más, a través de una pensión económica, equivalente a 6,000 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios, con una cobertura de 11.5 millones de persona. Es sin duda el de mayor impacto social en nuestro país”, dijo.
“Si bien es cierto que este recurso no basta para atender las necesidades de todas las personas adultas mayores, es un apoyo que les permite cubrir muchas carencias elementales, que de otra manera no podrían satisfacerlas, sin dejar de mencionar el aporte a su dignificación. Sin exagerar, esta pensión se ha convertido en una vida mejor para millones de mexicanas y mexicanos”, dijo.
En su iniciativa también plantea reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Hidalgo, para que se incluya en este ordenamiento, además del derecho a una atención preferente, que en general se establece, de manera específica, a un trato digno al realizar los trámites correspondientes para poder acceder a algún programa social, a fin de que se promuevan los mecanismos que les faciliten el acceso expedito al ejercicio de estos derechos.
De igual forma, habilitar una línea de atención para las personas adultas mayores, sus familiares o cuidadores, que facilite las denuncias en caso de que éstas sufran cualquier forma de explotación financiera o se abuse de su situación personal para afectar los recursos que reciben de los programas de asistencia social.
sjl