Pachuca.— Edgar Hernández Dañu, exdiputado local de Hidalgo, fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de narcomenudeo en su hipótesis de posesión con fines de comercio, así como al pago de una multa de 250 unidades de medida de actualización equivalentes a 25 mil 935 pesos.
Para este jueves se programó la audiencia de debate dentro del Juicio Oral 190/2024, en contra de Edgar Hernández Dañu y Blanca Arely L.D., acusados de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en detrimento de la salud pública.
Los jueces de oralidad estaban listos para desahogar la audiencia de debate; sin embargo, al iniciar, la agente del Ministerio Público planteó una incidencia para no llevar a cabo el juicio oral y poder celebrar un procedimiento abreviado.
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El procedimiento abreviado implica la aceptación de la responsabilidad por parte del acusado, así como la renuncia a un juicio oral, y debe ser solicitado por el agente del Ministerio Público, es una salida alterna al proceso y la ventaja para el imputado es que se puede negociar la sentencia.
Tras la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento salió del lugar y entró en funciones la jueza Norma Sandra Barrones Castillo, la cual emitió un fallo condenatorio.
A la acusada Blanca Arely L. D. se le impuso una sentencia de dos años de prisión y una pena multa de 100 unidades de medida de actualización, equivalente a 10 mil 374 pesos.
La jueza ordenó un pago de tres mil pesos por cada uno de los acusados, mismos que serán donados al Centro Estatal de Atención Contra las Adicciones.
El proceso contra el exlegislador
Edgar Hernández Dañu. fue aprehendido el 21 de septiembre de 2023, luego de que elementos de la PGJEH hallaran, presuntamente droga y armas en el departamento en el que estaba.
El también legislador petista fue vinculado a proceso el 28 de septiembre de 2023, bajo la imputación de narcomenudeo, delito que es de competencia local (fuero común) y por el que se pudo proceder porque en la entidad los representantes populares ya no gozan de inmunidad (fuero), pero respecto a la portación de armas de fuego, se dejó a cargo del Ministerio Público federal.
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