Congreso local se excedió en sus funciones; CNDH interpone acción de inconstitucionalidad

Pachuca.— Por considerar que no tiene facultad para exigir requisitos a los cargos públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma realizada por la 65 legislatura a la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.

Al imponer requisitos de elegibilidad para el director de Archivos, la legislatura de Hidalgo excedió sus funciones y se hizo acreedora a que el organismo defensor de los Derechos Humanos atacara un artículo de la ley que fue modificada en meses pasados.

A decir de la CNDH se transgredió el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

En su exposición de motivos, señala que la Norma Fundamental establece que el Congreso de la Unión es el único ente legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento. Por lo tanto, el Congreso local se encuentra inhabilitado constitucionalmente para exigir dicha calidad para acceder a cualquier cargo público en el orden local.

Y es que la 65 legislatura que acaba de concluir su periodo realizó modificaciones al artículo 100, fracción primera de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo en el que estableció que para acceder a la titularidad de la Dirección General del Archivo hidalguense se requiere la calidad mexicana por nacimiento, pero por mandato constitucional las legislaturas locales están inhabilitadas para establecer ese requisito para el desempeño de cargos públicos.

Dichas modificaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo el martes 20 de agosto de 2024 y en la porción impugnada se establece:

“Artículo 100. El Director General del Archivo General del Estado será nombrado por el Gobernador del Estado y deberá de cubrir los siguientes requisitos:  Ser ciudadano mexicano por nacimiento”.

Aún está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva otra acción de inconstitucionalidad promovida también por la CNDH que tiene que ver con el Poder Judicial local.

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