Pachuca.— La autoridad investigadora es la que debió haber iniciado una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tras detectar que existió un desvío de recursos en el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), así lo consideró el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Salvador Domingo Franco Assad.
En entrevista para La Silla Rota Hidalgo, el magistrado explicó que una vez que se detecta el desvío de recursos, corresponde al órgano de control llevar a cabo la investigación y de encontrar los elementos correspondientes para continuar por la vía administrativa debe enviar el asunto al tribunal y al mismo tiempo iniciar la denuncia penal.
No es tarea del Tribunal de Justicia Administrativa iniciar la carpeta de investigación, reiteró, sino de la instancia que se encargó de la investigación, y en este caso fue el órgano interno de Control, mismo que ingresó la queja ante el TJA.
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Cabe recordar que al exdirector general del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), Alejandro Mariel Díaz y el exdirector de Finanzas y Administración, Víctor Manuel Ortiz López, son señalados de haber recibido en cuentas bancarias personales un depósito por la cantidad de 585 mil 277 pesos, recursos pertenecientes al Instituto y que formaban parte de un remanente del Programa Estatal de Pensiones a Personas Adultas Mayores otorgadas en los años 2017 y 2018.
Al exdirector de Finanzas y Administración se le responsabiliza de haber realizado la transferencia de recursos al quien fuera su jefe, (Alejandro Mariel), ello consta en la resolución emitida por Iram Zúñiga Pérez, magistrado titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien actuó en su calidad de autoridad resolutora, tras haber iniciado un procedimiento administrativo.
A ambos exfuncionarios se les atribuye la acción de peculado, por haber utilizado recursos del erario público de manera ilegal, faltando así a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 93.
Sin embargo, dicha conducta sólo llevó a la inhabilitación por un periodo de tres meses para el ahora exfuncionario, y no se inició denuncia penal por el acto, al respecto, Franco Assad reiteró que "eso ya no les corresponde, se debió haber iniciado la carpeta y ya ver si había elementos del tipo penal".
Al TJA le corresponde el aspecto administrativo, en el sentido de ver la inhabilitación y recuperación de recursos, y ambas cosas ya sucedieron, "los recursos fueron reintegrados al IAAMEH y las resoluciones del Tribunal han quedado firmes.
Sobre la denuncia ante la PGJEH dijo "depende de las autoridades investigadoras a la hora de reunir datos que hagan la división, de acuerdo a los elementos correspondientes en la investigación, y unos continúen en la sustanciación y otra haga la debida denuncia".
Salvador Franco dejó claro que existía la posibilidad de que no se cumplieran los elementos del tipo penal y recordó que en materia penal se debe encuadrar la conducta, y agregó que quizá aún es posible iniciar la denuncia, pero depende de la prescripción de la conducta.
Procedimiento administrativo
En el desahogo del procedimiento administrativo, ambos exfuncionarios argumentaron que el dinero fue utilizado en renta de carpas, sillas, templetes, planta de luz, sonorización, mamparas, lona de publicidad, box luch, viáticos y combustible para 13 municipios; sin embargo, la erogación no contaba con la documentación respectiva, ni con los registros de las etapas del presupuesto en relación al gasto efectuado.
El programa del cual los funcionarios realizaron transferencias a cuentas personales tenía como “objetivo fomentar el desarrollo humano de las personas adultas mayores, con la finalidad de coadyuvar a mejorar su calidad de vida, en un entorno incluyente; estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos, promoviendo la igualdad de las personas adultas mayores”, de ahí que los ahora exfuncionarios dejaron de observar los principios de legalidad, honradez, lealtad e integridad a los que estaban obligados.
La inhabilitación para Alejandro Mariel comenzó a partir del 31 de julio y culminará el 29 de octubre de 2023; mientras que para Víctor Manuel Ortiz López, inició el 11 de mayo y terminó el pasado 15 de agosto de 2023.
Cabe señalar que durante el procedimiento, los servidores públicos devolvieron el dinero reclamado por la administración pública.
sjl