Pachuca.— Por “abuso en sus funciones”, una exfuncionaria de la pasada administración, adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo fue inhabilitada por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos, pues de acuerdo con el expediente judicial, no reportó a su superior el total de donativos recaudados y que serían destinados a la colecta anual Cruz Roja 2018.
Cesia Vega Muñoz se desempeñaba como subdirectora de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, cuando el titular de dicha dependencia era Simón Vargas Aguilar; y fue designada como la encargada de recaudar los donativos de todos los empleados de la Secretaría; sin embargo, cuando entregó el dinero sólo entregó la cantidad de 55 mil pesos, de un total de 177 mil 700, lo que arroja un faltante de 120 mil 700 pesos.
La exfuncionaria fue nombrada en su encargo desde el 01 de agosto de 2014, y de manera voluntaria renunció el 31 de mayo de 2018, pero en el servicio público llevaba ocho años y tres meses. Tenía un nivel 10 en el gobierno del estado, con una percepción mensual de sueldo base de 3,895 pesos y una compensación mensual de 15,180 pesos.
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Cesia Vega ya había renunciado, en junio de 2018, cuando regresó a entregar los 55,000 pesos correspondientes a los donativos recaudados para la Cruz Roja.
En la sentencia 171/2019 del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se señala que la mujer “en todo momento se valió de su encargo para omitir la entrega total de los donativos realizados por el personal adscrito a la Secretaría de Gobierno, derivada de la colecta nacional 2018, evitando con ello que parte de dichas aportaciones no fueran entregadas a la institución y que fueran destinadas al fin para el cual fueron recolectadas”.
De ahí que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno inició una investigación y a su vez una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por el presunto abuso de funciones y porque la falta de entrega de los recursos “generó un beneficio para su persona”.
Ella se defiende y acusa que es una cuestión política
Ante las acusaciones, la exfuncionaria intentó defenderse y declaró que todo el procedimiento iniciado en su contra “tenía matices políticos” y como muestra de ello, fue la “pronta” respuesta que se dio en el Tribunal de Justicia Administrativa, “y su forma tan eficiente de atender la solicitud, confirma que el procedimiento que se ha instruido en mi contra, no tiene más fines que perjudicarme sin existir una causa real que se desprenda de lo actuado en el expediente que nos ocupa”.
Asimismo, intentó señalar al investigador de incurrir en un delito y solicitó que se investigara “su proceder ruinoso”.
Sin embargo, dichas afirmaciones fueron desvirtuadas por los testigos presentados y que testificaron en su contra, pues aseguraron que ella - como funcionaria - era la única encargada de recabar los donativos que serían entregados a la Cruz Roja en la colecta anual 2018.
Los testimonios en su contra
Los testigos afirmaron que cada que llegaba personal de algún área, Cesia era la encargada de recolectar los donativos y resguardarlos; incluso aseguraron que era una actividad que venía realizando desde hacía varios años. También se dijo que poseía los bonos, alcancías y calcomanías que la Cruz Roja Mexicana utiliza en sus colectas.
Asimismo, se dijo que quien le encargó esa actividad a la funcionaria fue el director general de Administración de la Secretaría de Gobierno, la orden concreta era coordinar la colecta anual, lo que la llevó a cometer -según la resolución- “actos por demás arbitrarios, consistentes en no hacer la entrega total de los donativos otorgados por los servidores públicos”.
La coordinadora estatal de Captación de Fondos de la Cruz Roja informó que en realidad sólo le faltaba entregar 115 mil 700 pesos a la exfuncionaria.
Los dos procesos
La exfuncionaria enfrentaba el proceso administrativo, por una falta que fue calificada como grave, cuando también se inició el proceso penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, bajo el número de carpeta 12-**************-9820.
El TJA atendió la falta administrativa grave imputada a la servidora pública, conforme el orden establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se encuadran en lo señalado en el artículo 57 que a la letra dice: Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las demás personas.
El Tribunal resolvió que Cesia se valió de una atribución que le fue conferida, realizó una omisión arbitraria, y generó con ello un beneficio para sí, causando un perjuicio a una persona, así como al servicio público.
En lo que hace a la carpeta de investigación iniciada en su contra, no se tiene datos de la misma, si continúa o ya concluyó.
La sanción
La exfuncionaria fue sancionada con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, período que comenzó el 15 de agosto de 2023 y concluirá el 15 de agosto de 2033, así como al pago de 116 mil pesos, que equivalen a 115 mil 700 por el pago de daños y 300 pesos por el beneficio obtenido.
La sanción busca evitar que, en el futuro al prestar sus servicios en algún cargo, empleo o comisión de la administración pública, incumpla con los principios de legalidad, honradez, lealtad e integridad, y en contraste, se conduzca con rectitud, sin utilizar en su empleo cargo o comisión para generar un beneficio para sí, así lo resolvió el magistrado Sergio Priego Reséndiz.
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