Pachuca.— La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo analiza la situación jurídica de las personas privadas de su libertad con el objetivo de identificar a aquellas que puedan acceder a algún beneficio como reducción de penas o libertad anticipada, así lo confirmó el titular de la dependencia estatal, Salvador Cruz Neri.
“Lo estamos trabajando, es un tema que el señor gobernador instruyó, analizar todas las condiciones de penalidades y delitos que tienen las personas privadas de su libertad para ver si alguno obtiene un beneficio”.
Sin embargo, el funcionario estatal señaló que apenas es algo que se está trabajando, por lo que aún no se tiene un número preliminar de los posibles internos que pudieran acceder a beneficios.
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Por otro lado, recordó que al inicio de la administración realizaron operativos en los que detectaron drogas, pantallas, refrigeradores y otros aparatos que no están permitido en la norma. Aquí aclaró que las televisiones sí están permitidas, pero las que decomisaron eran de más de 50 pulgadas.
De acuerdo con las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional al 31 de mayo de 2023 había un total de 5,053 internos en las cárceles de Hidalgo, de las que 4,712 corresponden al fuero común y 341 al fueron federal; del fuero común 1,621 estaban en calidad de procesadas, es decir, que aún no les había dictado una sentencia; 3,091 sentenciados, siendo del 34 y 66 por ciento respectivamente. Del fuero federal, 160 están en proceso penal abierto y 181 han sido sentenciados.
Hasta mayo de 2023, 167 personas privadas de su libertad accedieron a beneficios, 12 se sometieron a un tratamiento preliberacional, cinco a libertad preparatoria, 10 a la remisión parcial de la pena, dos a libertad supervisada y dos más a otra medida, todos esos conocidos como beneficios anticipados.
Asimismo, del total de 167 personas, 52 obtuvieron una condena condicional, uno tiene tratamiento en semilibertad, 22 tratamiento en libertad, 57 son sometidos a jornadas de trabajo a favor de la comunidad y cuatro tienen medidas de seguridad, todas estas conocidas como medidas sustitutivas de la pena.
En lo que hace a los grupos de edad, hay 491 personas internas entre los 18 y 24 años de edad; 789 entre 25 y 29 años; 886 entre 30 y 34 años; 891, entre 35 y 39 años; 713, entre 40 y 44 años; 507, entre 45 y 49 años; 321, entre 50 y 59 años; 196, entre 55 y 59 años; y 259, de más de 60 años.
sjl