Pachuca.— La diputada local, Lisset Marcelino Tovar, y el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, presentaron una iniciativa con proyecto de ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Santiago Nieto explicó que Hidalgo está dentro de las ocho entidades que no han regulado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismo que sirve para dar continuidad a las investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo, secuestro, trata de personas, delitos de corrupción, ejercicio indebido de atribuciones, entre otros, toda vez que permitirá aplicar los procesos de extinción de dominio y entregar los recursos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Explicó que se tipifica que se adquiera, utilice, use, o destinen valores, derechos o bienes cuando existe una procedencia ilícita de los mismos, así como el ocultamiento o encubrimiento de este tipo de procedimientos para blanquear capitales también serán considerados conducta delictiva.
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También se plantea una reforma al Código Penal local para sancionar con penas que van desde cinco hasta 10 años a quien cometa la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y propone dos gravantes: cuando se use infancias para la comisión del delito y si el sujeto activo es un servidor público se aumenta la mitad de la pena.
Con esta ley, recursos, bienes y derechos obtenidos de las conductas conocidas como Estafa Maestra, Operación Safiro, Estafa Siniestra serían recuperados, ya que se plantea que el imputado sea el que acredite la licitud de los recursos y no al revés, que la Procuraduría de Justicia acredite la ilegalidad “la carga de la prueba se invierte para que cualquier persona acredite como obtuvo los recursos”.
“Hay un recurso que viene de la trata de personas y se introduce al sistema financiero mexicano, en este caso al de Hidalgo, lo que buscamos es combatir la trata y el lavado de dinero, porque esos recursos que se obtienen sirven para mantener la adquisición de bienes, participan inversionistas de empresas fachada, y de lo que trata es ver dónde están esos recursos y sobre todo lograr la extinción de dominio”, expuso Nieto Castillo.
Agregó que con esta ley se amplía el margen de actuación de las autoridades, ya que no sólo se combatirá al grupo delictivo, sino que también se atenderá la base social, pero principalmente las estructuras financieras.
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