Pachuca.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) anunció que interpondrá una denuncia por incumplimiento de un deber legal en contra de los expresidentes Alejandro Habib Nicolás y Javier Ramiro Lara Salinas, esto ante presuntas omisiones en un expediente de queja referente a un feminicidio.
En una conferencia de prensa Ana Karen Parra Bonilla, actual titular de la CDHEH, cuestionó la actuación de dichos exfuncionarios “ante la alta probabilidad de encubrimiento, omisiones y actuaciones durante sus encargos”, ya que las dos personas señaladas también fueron procuradores de Hidalgo.
La presidenta de Derechos Humanos detalló que la denuncia tiene antecedente en la omisión de resolver una queja que se inició en 2018 en contra de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por el incorrecto levantamiento de un cadáver y tardanza en la emisión de peritajes carentes de circunstancias de tiempo, modo y lugar.
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El cuerpo que los trabajadores de la PGJEH levantaron indebidamente corresponde a Gloria Sintia S.G., una mujer de 38 años que desapareció el 20 de agosto de 2016 en Huauchinango, Puebla y que fue localizada sin vida el 26 de enero de 2017 en la comunidad El Yugo del municipio Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.
El antecedente fue una queja
En noviembre de 2021, LSR Hidalgo platicó con Mayra González Ángeles, hermana de Gloria Sintia, contó que por la desaparición de su hermana inició la carpeta de investigación NAUT-698-2016 en la Fiscalía de Puebla porque en esa entidad fue vista por última vez su familiar; sin embargo, la localizaron sin vida cinco meses después en el estado de Hidalgo.
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Mayra acusó que el personal de la Procuraduría que realizó el levantamiento dejó restos del cuerpo de su hermana en la comunidad de El Yugo, donde fue encontrada, también dijo que la agente del Ministerio Público que llevaba la investigación no fue sensible con el caso. Esto ocurrió durante 2017, cuando era procurador Javier Ramiro Lara Salinas.
Por estos hechos, Mayra inició una queja (CDHEH-VG-2194-18) ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo el 17 de septiembre de 2018, la cual derivó en la propuesta de solución PS-VG-0005-21 emitida el 10 de agosto de 2021, cuando Alejandro Habib era el ombudsperson y Javier Ramiro Lara, el visitador general de la CDHEH.
Aquella resolución dirigida a la Procuraduría incluía brindar acompañamiento a las víctimas indirectas, practicar las diligencias necesarias e indispensables para integrar debidamente la carpeta de investigación, capacitar al personal y ofrecer una disculpa pública.
Esa propuesta de solución fue aceptada hasta el 8 de octubre de 2021; sin embargo, no se cumplió con excepción de la disculpa pública que fue emitida el 22 de noviembre de 2021 por Alejandro Habib Nicolás, que en ese entonces ya ostentaba el cargo de procurador, el cual ejerció después de renunciar a la CDHEH donde se desempeñó del 1 de octubre de 2018 al 27 de agosto de 2021.
Tras su salida al mando se quedó Javier Ramiro Lara Salinas como presidente interino de la CDHEH del 28 de agosto de 2021 al 29 de julio de 2022.
Lo anterior, de acuerdo con la actual presidenta, “significó un conflicto de interés que puso en riesgo la integración y supervisión de la investigación”.
De una propuesta de solución a la recomendación
El 17 de julio de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo emitió la recomendación R-VG-0005-23 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado porque la propuesta de solución antes enunciada respecto al caso de Mayra y su hermana Gloria, no se cumplió en su totalidad.
La actual presidenta Ana Karen Parra acusó que respecto a este caso se concluyó que existieron omisiones y vulneraciones del personal de la Procuraduría, así como de los trabajadores de la CDHEH que en ese entonces estuvieron a cargo de la queja, incluyendo a Alejandro Habib Nicolás y Javier Ramiro Lara Salinas.
Además, puntualizó que no debió de existir una propuesta de solución, sino una recomendación debido a la gravedad de los hechos denunciados en la queja.
De acuerdo con la ombudsperson, los hechos violatorios en agravio a la víctima directa e indirecta son el derecho a no ser cometido a la violencia institucional, al acceso a la justicia, a la debida diligencia, a una adecuada administración y procuración de justicia, el derecho a la verdad y reparación del daño.
La recomendación incluye siete puntos recomendatorios para la Procuraduría, entre ellos, capacitación, así como el inicio de carpetas de investigación de las personas servidoras públicas que vulneraron los derechos, además de una disculpa pública que el actual encargado de despacho Santiago Nieto Castillo deberá ofrecer en un término no mayor a 30 días naturales.
Del 17 de septiembre de 2018 -cuando se inició la queja- al 17 de julio de 2023 -cuando se emitió la recomendación- pasaron cinco años; sin embargo, la titular de la CDHEH recordó que la ley marca un tiempo de cuatro meses que podría prolongarse con una ampliación de plazo justificada, lo cual no existió en este caso.
Denuncia contra dos expresidentes de la CDHEH
Adicional a la recomendación, la presidenta Ana Karen Parra anunció que la CDHEH iniciaría una denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de incumplimiento de un deber legal en contra de Alejandro Habib Nicolás, Javier Ramiro Lara Salinas y otros exfuncionarios presuntamente involucrados, de quien no precisó más datos por la presunción de inocencia.
Este delito lo comente “el servidor público que sin causa justificada deje de cumplir con las funciones que le fueron conferidas” y contempla penas de 1 a 6 años, según el artículo 301 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
La ombudsperson agregó que desde hace varios años se configuró la práctica reiterada de que las personas que fueron titulares de la Procuraduría después son presidentes de Derechos Humanos y viceversa.
Precisó que, aunque esta práctica no es contraria a la ley, “si puede ser cuestionable su actuación ante la alta probabilidad de encubrimiento, actuaciones y omisiones que incurrirán durante sus encargos, lo que podría constituir un conflicto de interés o la utilización indebida de información”.
sjl