Pachuca.— La Secretaría de la Contraloría indaga el uso de inhabilitaciones contra funcionarios públicos por parte de las autoridades pasadas, las cuales tenían el objetivo de obstaculizarles su aspiración a un cargo de elección popular a través del inicio de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad.
De acuerdo con el actual contralor del gobernó de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, tras la creación de la Dirección General de Combate a la Impunidad del Estado, muchos exaspirantes que tuvieron algún tipo de problema o conflicto con la administración anterior, se han acercado para exponer sus casos.
“Nos han señalado: ‘yo fui candidato o aspirante y la forma en la que me quitaban era iniciándome un procedimiento administrativo de responsabilidad… hemos procedido a revisar esos casos y, déjame decirte, han sido diversos los caminos que cada uno de ellos ha tenido”, expresó.
En todos los casos dijo, “procedemos a rehacer el análisis cuando un servidor público se queja que fue injustamente tratado y hacer los análisis correspondientes”, dijo, y, en caso de que se confirme que la inhabilitación fue injustificada “vamos a acudir contra quien injustificadamente le inició un procedimiento de responsabilidades”.
Al respecto, Jorge Eduardo Crespo Ramírez, director general de Combate a la Impunidad de Hidalgo, dijo que en estos casos “al parecer se generó más impunidad que justicia” y, justamente, por esas razones, se han revisado los procedimientos. No es que nosotros podamos llegar con una varita mágica y demos revés, pues al final son actos de la autoridad”.
Agregó que “la ciudadanía que en su momento fue sometida a esa cacería y a ese arbitrio por parte de la autoridad en turno, entienda una sola cosa: en el actual gobierno no se pude defender lo indefendible, creo que ahí es de donde partimos y un procedimiento administrativo de responsabilidad, tiene N cantidad de medios de defensa y eso es lo que desde esta dirección cuidamos, que nuestras resoluciones puedan soportar cualquier tipo de apelación”.
Lo anterior lo dijeron en conferencia de prensa este día, en el Palacio de Gobierno de Hidalgo, luego de presentar los resultados de la Declaración Patrimonial y de Intereses 2023.
En ese tema, Crespo Ramírez dijo que de las cifras de cumplimientos de declaraciones patrimoniales que dejó la pasada administración, no se tiene certeza de las mismas, pues no había un padrón de servidores públicos.
“Se tiene nada más el dato de 97.5 por ciento (de cumplimiento) de 85 mil (servidores) sin que tampoco tengamos certeza de esas cifras, y creo que asegurar un porcentaje de incumplimiento a una cantidad sería igual de irresponsable que estimar una cifra en 85 mil”, expuso.
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