PACHUCA.– Laura Karina Ramírez Jiménez, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, confirmó que hay una investigación en su contra derivado de los hechos que denunció la señora Aurelia Pérez López, quien reclama la custodia de un bebé que dio a luz su hija de 11 años, víctima de violación.
El caso empezó el 24 de febrero de 2022, fecha en la que Aurelia narró que la procuradora en conjunto con Eunice Quiroz Melgarejo, titular de adopciones de la Procuraduría, así como con la psicóloga Yoko Andersi Madrigal Capito, la obligaron a firmar un acta de consentimiento a través de la cual entregó al recién nacido, dijo que la amedrantaron al decirle que también se iban a llevar a la menor de 11 años.
Al respecto, Ramírez Jiménez señaló que hay procedimientos legales en curso ante la Fiscalía Anticorrupción estatal, tanto en su contra como de las demás funcionarias presuntamente involucradas, situación que confirmó Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
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“Hay procedimientos penales y administrativos iniciados en donde las autoridades y las funcionarias, estamos aquí dando la cara, seguimos trabajando y estamos compareciendo ante las autoridades”, dijo Ramírez Jiménez.
A pesar de las indagatorias, la procuradora de infancias insistió que contrario a lo denunciado por Aurelia, la familia de la menor -víctima de violación- estuvo de acuerdo con la adopción del niño que nació el 24 de febrero de 2022 y puntualizó que dicho acto es de “carácter irrevocable”.
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Lo anterior, tras argumentar que así lo establece el artículo 212 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, numeral que también precisa que la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor “deberá instruir suficientemente a quien o quienes otorguen el consentimiento ante él, sobre los efectos de la adopción y constatar por escrito que el mismo es otorgado libremente, sin remuneración, presión o coacción alguna y después del nacimiento del menor”.
Sin embargo, la señora Aurelia señaló que tanto ella como su esposo Cirilo, originarios del municipio de Zempoala, fueron amenazados con que si se negaban a dar en adopción al bebé serían puestos a disposición de las autoridades y los iban a meter a la cárcel.
“Estábamos aterrados, pues no sabíamos qué hacer, no conocemos de leyes y nos trataron de ignorantes y no tenía quién nos asesore”, mencionó Aurelia en una conferencia de prensa que ofreció el pasado 10 de febrero.
Hay una orden de aprehensión
Respecto al mismo caso, Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la PGJH, refirió que hay una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar en contra del presunto agresor sexual de la niña de 11 años, hija de Aurelia y Cirilo.
“El hecho central, el origen del caso tiene que ver con una violación, evidentemente es algo que vamos a combatir hasta las últimas consecuencias”, mencionó.
De acuerdo con información proporcionada por la señora Aurelia y su representante legal, la carpeta con número único de caso 12-2022-02573 fue interpuesta el 24 de febrero del año pasado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la PGJH.
Las indagatorias involucran a Erick N, un conocido de la familia de Aurelia y Cirilo, quien habitaba en el municipio de Zempoala, pero que se encuentra sustraído de la acción de la justicia desde el 23 de febrero de 2022.
Queja ante derechos humanos
Sobre el caso también fue cuestionada Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), debido a que la señora Aurelia también asistió a este organismo para interponer una queja radicada en el expediente CDHEH-VG-0820-22.
Sin embargo, la titular de la CDHEH refirió que “la Comisión siempre va a estar trabajando, pero no va a caer en ser manipulable, al grado que nosotros podamos hacer algo para invadir las competencias de alguna autoridad (…) no vamos a caer en un juego donde puedan utilizar a la comisión para poder presionar a las instituciones cuando hay un proceso de investigación”.
Parra Bonilla agregó que la Comisión resolverá la queja una vez que concluya la investigación que contempla un plazo de cuatro meses y la cual podría extenderse hasta seis, pero no puntualizó la fecha en la que finaliza dicho periodo; sin embargo, agregó que en el análisis se debe tomar en consideración que hay dos menores de edad involucrados, tanto la niña como el bebé que nació.
sjl