PACHUCA.- El Partido Acción Nacional (PAN), el 10 de febrero ingresó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro controversias constitucionales por las reformas realizadas a la Ley General de Comunicación Social, en específico a la referente del artículo 26.
Irma Beatriz Chávez Ríos, secretaria de Formación y Capacitación, aseguró que dicha normativa señala que los municipios solo pueden destinar el 0.1 por ciento del presupuesto anual para difundir programas o acciones gubernamentales, lo que atenta contra su autonomía, los limita y podría derivar en que la ciudadanía no se entere de temas relevantes, como la pandemia por covid-19.
Asimismo, aseguró que el tema no se trata de colores o partidos, sino de defender la autonomía de los ayuntamientos; además, en próximos días presentarán otros recursos sobre el mismo asunto.
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Por su parte, Asael Hernández Cerón, secretario de Acción de Gobierno del blanquiazul, precisó que combatirán “cada una de las ocurrencias del presidente”, como la de comunicación, pues aseguró que esto no solo implicará menos difusión sino un golpe a los medios de comunicación, pues ante la disminución de ingresos, podrían darse despidos masivos.
No obstante, confió en que ganarán el litigio, pues no permitirán “que a los municipios se les ponga un límite para que no puedan contratar medios de comunicación”.
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En ese sentido, explicaron que, en el caso de Pachuca, si el municipio ejercerá en el año mil millones de pesos en el presupuesto, solo podrá ejercer 100 millones para hacer campañas sobre el pago de predial, actividades culturales, bacheo, mejoramiento de vialidades, entre otros aspectos.
Sin embargo, consideraron que al ser el municipio más grande del estado, es poco lo que se destinará, toda vez que si se hace el cálculo con otros ayuntamientos en donde el presupuesto es más bajo, el recurso para comunicación social sería inferior.
“Son municipios pequeños que no tienen o van a tener acceso a diversos temas, ese tipo de medios para informar a la población son cosas que estamos obligados a defender. El juicio de controversias constitucionales es proteger los derechos humanos con reformas jurídicas”, asimismo, dijeron que la reforma busca limitar a los gobiernos que no son de Morena.
No obstante, partiendo del análisis del blanquiazul, Pachuca solo destinó 16 millones 293 mil 10 pesos para comunicación social y publicidad, lo que representa un porcentaje menor al 0.1 por ciento considerando los más de mil 81 millones de presupuesto.
De acuerdo con la ley, las controversias constitucionales se promueven ante la SCJN para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre los órdenes federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución federal.
El proceso inicia cuando uno de los poderes considera que una ley, un decreto o un reglamento promovido por otra autoridad representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones.
En la sentencia se determina cuál fue el órgano que invade competencias fuera de sus atribuciones. Al declararse inválida o inconstitucional una norma general la resolución se aplicará solamente a las partes en la controversia, a no ser que hubiere sido aprobada por una mayoría de, por lo menos, ocho ministros. En este caso, su inconstitucionalidad tendrá efectos generales y la norma se eliminará del ordenamiento.
Reforma a la ley
Las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social fueron publicadas el 27 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El artículo 26, que pretende revertir el PAN en Hidalgo, refiere que los entes públicos deben elaborar el programa anual de comunicación social considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la estrategia en la materia.
En dicho programa anual deberán observar que las campañas de comunicación social tengan relación directa con sus atribuciones y facultades; que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña y no rebasen los límites establecidos; que establezcan metas y procedimientos de evaluación de las campañas; que cumplan con los principios rectores de la comunicación social, los criterios para la aplicación del gasto y las reglas para la asignación de campañas.
Además, refiere que el límite del gasto del programa anual de comunicación social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual correspondiente.
sjl