Pachuca.— Tras señalar que hay dos investigaciones en curso en contra de otros dos exmiembros del gabinete de Omar Fayad Meneses, el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que se presentaron ocho demandas ante los juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) para la extinción de dominio relacionadas con delitos de narcomenudeo, secuestro y enriquecimiento ilícito.
Aunque no precisó qué secretaría es de la que estaban encargados los exfuncionarios, Santiago Nieto recordó que hay dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, toda vez que los presuntos implicados están prófugos de la justicia, por lo que prefirió reservar la información y evitar evasiones.
“Tenemos dos órdenes de aprehensión de secretarios de Estado pendientes de cumplimentar, que están prófugos de la justicia exsecretarios, y tenemos otras dos carpetas respecto de otro secretario que estamos integrando en este momento”, expresó. Recordó que el objetivo primordial es la recuperación de activos, de ahí que se comenzó con las demandas civiles, a efecto de que las propiedades extinguidas pasen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
De acuerdo con la ley del mismo nombre, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.
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El proceso de extinción -de acuerdo con la propia ley- comienza con una carpeta de investigación sobre algún hecho delictivo a partir del cual se vinculan bienes. A partir de los indicios sobre la vinculación de algunos bienes con la investigación se abre otro proceso preparatorio de la extinción de dominio. Posteriormente se presenta una demanda por parte del agente del Ministerio Público y un juez resuelve si procede o no el caso. Finaliza con una sentencia.
PGJEH presenta queja contra jueza federal
Santiago Nieto se refirió al caso de extorsión que padecen los transportistas de Tizayuca, y mencionó que se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la solicitud que hiciera el agente del Ministerio Público de Hidalgo para poder conservar información bancaria de las personas vinculadas a proceso y evitar que alegaran homonimia (mismo nombre); sin embargo, la jueza negó la petición bajo el argumento de que el delito de extorsión es de competencia federal.
En ese sentido, el encargado de Despacho de la PGJEH recordó que “el delito de extorsión o el delito de secuestro son competencia del fuero común y tenemos competencia concurrente”.
sjl