Pachuca.—Hermanas, sobrinas y el padre de Gabriel Ramírez Hernández exigen que se esclarezcan las condiciones en las que presuntamente falleció el muchacho de 37 años, quien fue visto por última vez cuando elementos de la policía municipal de Nicolás Flores se lo llevaron al área de retención, luego de que participara de manera activa en una manifestación en contra de la presidenta municipal, Marcela Isidro García.
Acto seguido, el hombre apareció muerto tirado en la calle; sin embargo, la familia no supo de su presunto deceso hasta que el secretario municipal le avisó al padre cerca de las tres de la madrugada del 29 de octubre de 2023. Sin ellos haber identificado un cadáver, ni haber tenido conocimiento de que supuestamente fue hallado en la calle tirado lleno de sangre.
La familia asegura que hubo una serie de irregularidades con la muerte de Gabriel, al grado que la funeraria que se encargó del proceso les impidió ver el cadáver, de ahí que no saben si quien enterraron verdaderamente era su familiar u otra persona.
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Gabriel era un líder social de la comunidad El Jagüey, del municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, preocupado por diversas necesidades y demandas sociales de su comunidad, de ahí que el sábado 28 de octubre de 2023 externó su inconformidad por la administración de la presidenta municipal, por diversos incumplimientos de compromisos sociales que ella había asumido desde su llegada a la presidencia municipal, pero frente a dichos comentarios, la alcaldesa Marcela Isidro García, no lo quiso escuchar, y ordenó a la policía que detuvieran al hombre y lo alejarán del recorrido que ella estaba realizando en ese momento.
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Hubo varios testigos de cómo fue subido a una patrulla y después de eso no se supo más de él. Hasta que en una funeraria les entregaron supuestamente su cadáver con la advertencia de que no podían abrir el ataúd por una cuestión toxicológica, pues su cuerpo estaba en descomposición, de ahí que lo que recibieron fue un cadáver emplayado como con 10 capas de un hule especial dentro de una bolsa negra con cierre enfrente. Así como una bolsa negra con sus ropas ensangrentadas.
“Queremos justicia, queremos la verdad, y si hubo un responsable también queremos que pague”, señalaron al acudir a Pachuca a ratificar una demanda de amparo por desaparición forzada en la que solicitan que el juez federal autorice la exhumación del cadáver para realizar la necropsia de ley y determinar la verdadera razón de la muerte, pues no creen lo que señala el acta de defunción que sólo se trató de una úlcera péptica.
De acuerdo con el abogado de la familia, Mario Alejandro Fernández Márquez, Gabriel Ramírez Hernández fue detenido a las 4 de la tarde y a su padre le informan a las 3 am que había fallecido, hubo un lapso del tiempo donde se desconoce si estaba detenido, en qué Ministerio Público se lo llevaron si es que cometió un delito.
Además, él fue traslado a Ixmiquilpan cuando es bien sabido que a Nicolás Flores le corresponde el circuito judicial de Zimapán. Aunado a ello en la funeraria les dieron la instrucción de impedirles a todos ver a su familiar, por eso no existe certeza de que se trate del señor Gabriel.
De la propia investigación de la familia con los vecinos del municipio de Nicolas Flores, se sabe que presumiblemente lo habrían golpeado y matado elementos de la Policía Municipal, por instrucciones de Pablo Trejo Soto, director de la corporación y de Marcela Isidro García, presidenta municipal.
El amparo para exhumar el cadáver
En el amparo interpuesto se pide un informe justificado a las autoridades responsables, entre ellos, la presidenta municipal, el secretario municipal, el secretario de Seguridad Pública de Nicolás Flores, adicional a la policía estatal y Guardia Nacional, así como acceso a las cámaras del C5 para acreditar cuál fue el traslado del cadáver de un punto a otro.
A efecto de generar certeza se pide practicar un examen de medicina forense, para conocer la causa real de su muerte. Así como informes, videograbaciones, desde el sábado 28 de octubre y hasta 1 de noviembre y que se autorice la exhumación del cadáver para hacer un examen de medicina forense.
La familia señala que hay diversos indicios que les hacen pensar que existe una responsabilidad por parte de las autoridades municipales, pues sin solicitarlo se ofrecieron a pagar los gastos funerarios del cadáver que enterraron.
"El informe que tenemos en un renglón tiene la causa de la muerte, no hay evidencia fotográfica, carece de cualquier validez legal". Sospechan de tortura porque hay quienes les dicen que lo dejaron desfigurado.
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