Pachuca.— “El acto de inconstitucionalidad que reclama la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Congreso de Hidalgo es el acuerdo 1567, en el que se desaparece los consejos municipales electorales, cosa que no tiene que ver o se puede concatenar con la consulta indígena que se hizo, pues son dos momentos diferentes”.
Así lo expresó Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Congreso de Hidalgo, luego la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas aprobadas en materia político–electoral indígena.
La acción de inconstitucionalidad es la 196/2023, en la que se establece que en términos de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Congreso local estaba obligado a consultar a dichos colectivos en un procedimiento que garantizara el respeto a los principios mínimos.
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“Estamos en la etapa de dar respuesta. Nos ha solicitado la Corte de manera puntual los informes justificados de todos aquellos actos que supuestamente se dejaron de observar. Tenemos la confianza que esta consulta se llevó a cabo de acuerdo al protocolo de actuación y a lo que mandaba la Suprema Corte en su primera acción de inconstitucionalidad de la consulta”, dijo el legislador de Hidalgo.
Específicamente, la SCJN solicitó al Congreso de Hidalgo las preguntas de los cuadernillos sobre la participación de las personas originarias; si hubo o no hubo traductores en cada una de los foros que se realizaron.
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“Estamos en este momento respondiendo todo lo que se llevó a cabo en las cinco fases de la consulta en materia indígena y tenemos plena certeza de que va a darse un fallo favorable (para el Congreso), porque, además toda consulta y es perfectible en donde puede tener una visión y representación tradicional, pero pues al final los estamos tratando de cumplir con lo mandatado por la Corte”, expresó
También dijo, el criterio que se utilizó fue el de máxima publicidad, pues aseveró que fue una consulta de buena fe, libre, informada y previa que, además, atendió la esencia de la Suprema Corte cuando declaró inconstitucional la consulta pasada.
“El decreto que se está queriendo también invalidar, que es el 567, tiene que ver con los consejos municipales, su desaparición de los consejos electorales, y es ahí donde ellos argumentan que no se consultó, pero es un acto diferente al que nosotros habíamos consultado, porque sí se cumplió”, dijo.
Finalmente, otro argumento a favor del Congreso de Hidalgo, es que la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), hizo unos señalamientos sobre la consulta indígena en la que advierte que “se hizo de acuerdo al protocolo de actuación”.
sjl