Pachuca.— Con el objetivo de proteger su derecho a la educación libre y de calidad, un grupo de estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, interpusieron una demanda de amparo en contra de actos cometidos por la universidad estatal.
Los actos reclamados son la resolución emitida el 15 de septiembre de 2023 y todas las dictadas por el consejo universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por medio de la cual se suspenden clases de manera indefinida en la institución educativa poniendo en peligro la vida de los alumnos afectando la autonomía universitaria, así como el acceso y derecho a la educación superior de los quejosos y de la comunidad estudiantil.
Las autoridades señaladas como responsables son el rector de la universidad, Octavio Castillo Acosta, el Consejo Universitario de la UAEH, así como la presidenta del Patronato de la Universidad, Lidia García Anaya.
Te podría interesar
Los preceptos constitucionales derechos humanos fundamentales y garantías violadas son: el principio Pro Homine, el derecho a la educación superior, a la libre investigación y discusión de las ideas, a la libre cátedra, a la libre manifestación de las ideas y a la seguridad jurídica.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
En el escrito de amparo se argumenta que la suspensión de las actividades educativas por tiempo indefinido de un gobernado de una universidad pública Autónoma tienen efectos en su esfera jurídica, pues des incorpora de la institución los derechos y obligaciones que adquirió en su calidad de alumno por lo que se trata de actos de autoridad.
Los suscriptores de la demanda son alumnos de la licenciatura en danza, artes visuales y teatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de quienes se exhiben sus tiras de materia.
En el escrito de Amparo también hacen referencia a los hechos de violencia ocurridos el 19 de septiembre de 2023 cuando se encontraban en una manifestación pacífica en el Centro Cultural la Garza, ubicado en Abasolo, estaban con otros miembros de la comunidad estudiantil, pero fueron reprimidos por directivos y administrativos, así como miembros del Consejo Estudiantil Universitario, quienes en lugar de escuchar sus inquietudes y propuestas respondieron con violencia física y verbal.
Los reclamos de los estudiantes
Los estudiantes acusan que la suspensión de clases y actividades no tuvo fundamento y señalan que hasta el momento no han sido reanudadas. Aseguran que la violencia que se materializó el pasado 19 de septiembre de 2023, menoscaba el ejercicio pleno del derecho a la libre manifestación de las ideas, y la suspensión de clases una violación al artículo 3 constitucional que garantiza el acceso a la educación.
En el mismo escrito señalan que la presidenta del patronato universitario enfrenta un conflicto de intereses porque a la vez es diputada federal por Morena, en consecuencia, la toma de decisiones es política y en detrimento de la autonomía universitaria y la independencia académica.
sjl