PACHUCA.- Lisset Marcelino Tovar, diputado local de Morena, propuso la creación de un fondo presupuestal para que el gobierno de Hidalgo pueda comprar viviendas en abandono, desuso y remate con el objetivo de ponerlas a disposición de los sectores vulnerables, toda vez que en la entidad se calcula que hay 14 mil casas abandonadas.
Esto a través de una reforma a la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo, con la cual se busca crear el concepto de vivienda pública, otorgando al estado la facultad y posibilidad de construir, expropiar, rehabilitar o adquirir por medios propios viviendas.
De acuerdo con la legisladora morenista, el objetivo de esta compra, construcción, expropiación o rehabilitación de viviendas, es ponerlas asequibles a los grupos vulnerables de la población.
Te podría interesar
Además, en la reforma se adiciona una facultad a la Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo, para la elaboración de un estudio trimestral de monitoreo sobre el precio de las rentas de casas en la zona metropolitana de la entidad.
“Durante el periodo neoliberal, se abandonaron las políticas de intervención del estado en el cumplimiento del ejercicio pleno del derecho a la vivienda, por lo que su papel se limitó a buscar el financiamiento para empresas privadas que se enfocaron en la construcción ineficiente e inadecuada de casas de interés social bajo subsidio”, expresó la legisladora morenista.
Lo anterior, agregó, con la intención de que los empresarios de la construcción tuvieran una mayor rentabilidad y, dejando de lado aspectos claves como servicios, ubicación y pertinencia.
Actualmente, en el estado de Hidalgo se cuenta con alrededor de 14 mil viviendas en abandono, y en promedio sólo el 57.1 por ciento de las personas son propietarias, contrario al 61.4 por ciento que lo era en 2014, detalló Marcelino Tovar.
“Hidalgo no ha sido ajeno a la política inmobiliaria mercantilista del periodo neoliberal, el crecimiento desmedido de la zona metropolitana, en complicidad con funcionarios de las administraciones anteriores, ha generado una serie de problemas estructurales para llevar a cabo una política de vivienda desde la perspectiva de un derecho humano”, indicó.
Por ello, dijo que es necesario transformar la visión gubernamental y asimilar la necesidad de “ir corrigiendo los estragos generados por el neoliberalismo”, particularmente en aspectos como la cercanía a los trabajos, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos y garantía de seguridad en los terrenos construidos.
“Esta iniciativa, como parte inicial de propuesta de corrección de vicios, pretende establecer un marco legal claro para que el Estado esté en la obligación y posibilidad de adquirir o constar por distintos métodos, vivienda destinada a los sectores más vulnerables de la sociedad”, concluyó.
sjl