PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) confirmó los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) el pasado 27 de octubre, cuando determinó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no era susceptible de recibir financiamiento público para actividades ordinarias y especificas en 2023.
El sol azteca, así como el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvieron menos del 3 por ciento de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral, en el que fue renovada la gubernatura del estado, obtuvieron 2.60, 2.85 y 1.17 por ciento, respectivamente, por lo cual, no tienen acceso a financiamiento.
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) contempla, en el artículo 52, que para que un instituto político nacional tenga recursos públicos locales deberá haber obtenido el 3 por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate, situación que no acontece en el caso.
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La magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga, al resolver el recurso de apelación TEEH-RAP-PRD-34/2022, refirió que el partido reclamó que no se le haya considerado en la distribución de prerrogativas, pues, a su decir, el órgano electoral local “pasó por alto que los partidos tienen, por mandato expreso del Código Electoral, el derecho adquirido a gozar de las prerrogativas por el solo hecho de contar con registro y no debió aplicar el artículo 52”.
Sin embargo, la jueza aclaró que el hecho de que un partido político nacional mantenga su registro, no lo posibilita para que pueda acceder automáticamente a la prerrogativa en el ámbito local, pues esta se encuentra condicionada a obtener el 3 por ciento de la votación válida emitida, y “es claro que el PRD no cumplió con tal requisito”.
Por otra parte, Movimiento Ciudadano (MC), en el expediente RAP-MC-33/2022, recriminó que durante la asignación de recursos el IEEH lo consideró como partido de nueva creación para solo otorgarle el 2 por ciento del financiamiento (un millón 82 mil 400.91 pesos), así como 202 mil 950.17 para actividades específicas, lo que consideró erróneo.
No obstante, Martínez Lechuga afirmó que la asignación fue apegada a derecho, ya que el Código Electoral local establece que la distribución del capital es con base en la elección inmediata anterior de diputados locales (2021), por lo que al no lograr una curul, se aplicaría la regla de distribución prevista en la fracción V, inciso A de dicha legislación.
La cual establece: “aquellos partidos que no cuenten con representación en el Congreso, solo obtendrían el 2 por ciento del monto que por financiamiento ordinario total corresponda”.
La magistrada consideró que la “asignación de recursos para actividades ordinarias y específicas atendió exclusivamente a las reglas previstas en la Ley de Partidos y el Código Electoral, cuando se está en presencia de partidos políticos que no tienen representación en el Congreso local, circunstancia en la cual se ubica el partido actor”, concluyó.
sjl