PACHUCA.- Con 24 votos a favor y dos abstenciones (del PRI), diputados locales aprobaron la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual se encargará de administrar bienes decomisados en casos de corrupción, enajenación judicial y de extinción de dominio.
Esto a través de la expedición de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de dominio del estado de Hidalgo, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo.
De acuerdo con Lisseth Marcelino Tovar, diputada de Morena, la iniciativa fue enviada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; además, este Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes.
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Con los procedimientos de enajenación de los bienes asegurados o decomisados en los procedimientos penales, se podrán realizar licitaciones públicas, subastas, remates, adjudicaciones directa, procedimientos de asignación, donaciones y sorteos.
En la ley avalada se menciona que, para la transferencia de los bienes, activos o empresas al instituto, las entidades transferentes deberán entregar acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren.
Así funcionará
El Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado estará regulado por una junta de gobierno y un titular, quien determinará los documentos adicionales que permitan realizar una transferencia ordenada y transparente de los bienes.
El Instituto en casos excepcionales podrá donar los bienes, según corresponda, a favor de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública de Hidalgo, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, u otras políticas públicas prioritarias.
También podrán donarse aquellos bienes que se utilicen para la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad.
En cuanto a la venta de bienes, se encargará de hacer los avalúos peritos, instituciones públicas, agentes especializados o corredores públicos y deberán consignar al menos el valor comercial y el de realización inmediata.
El Instituto estará facultado para mantener en reserva el precio base de venta hasta el acto de presentación de ofertas de compra, en aquellos casos en que se considere que dicha reserva coadyuvará a estimular la competencia entre las personas interesadas y a maximizar el precio de venta.
Como dato, las dos legisladoras que votaron en abstención fueron las representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Citlalli Jaramillo Ramírez y Marcia Torres González.
sjl