PACHUCA.- Para lograr avances en el caso de los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) busca que una de las posibles colaboradoras delictivas de Gerardo Sosa Castelán declare en su contra y con ello accedería a diversos beneficios penales.
De acuerdo con el diario Reforma, la FGR informó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez Gregorio Salazar Hernández que negociaba un criterio de oportunidad con una mujer procesada para que se convierta en testigo colaborador y diera detalles de la aparente malversación de fondos.
Fue en audiencia celebrada el jueves 3 de noviembre de 2022 que la Fiscalía General de la República comentó que platicaba con María Cruz Campos Álvarez, quien es una de las tres personas detenidas junto al expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por dos delitos.
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Es decir, se le concedería dicho beneficio, a quien por acusación por escrito se le pedía una pena de 35 años de cárcel y el pago de 17 mil 500 días de multa, y en caso de que accediera a conseguir la inmunidad penal, saldría del penal federal femenil de Morelos y no cubrir el apercibimiento económico.
Por lo que, en caso de conseguir la inmunidad penal, Campos Álvarez se convertirá en la segunda persona en recibir dicho beneficio de testigo colaborador en la indagatoria contra Gerardo Sosa, ya que desde 2020 Óscar Pacheco Medina, exoperador financiero del expolítico, igual accedió a la inmunidad penal.
Acusada creó empresa para desviar dinero de la UAEH
De acuerdo con la investigación que retomó Reforma, Campos Álvarez y otra mujer más fueron las encargadas de constituir en 2011 Contabilidad del Siglo XXI Pachuca SC, empresa que fue usada para triangular recursos en favor de Gerardo Sosa, de los cuales una parte provenía de la máxima casa de estudios de la entidad.
Respecto a las penas solicitadas para Sosa Castelán por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la FGR pidió imponerle 55 años de cárcel y el pago de 30 mil días de multa, aunque desde hace aproximadamente medio año el exrector de la UAEH se encuentra en prisión domiciliaria.
cem