Jessica Blancas
La exsecretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas, fue inhabilitada, junto con otros tres exfuncionarios del gobierno estatal, por su participación en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, institución actualmente en proceso de liquidación judicial, lo que provocó un perjuicio a la hacienda pública por alrededor de 863 millones de pesos que hoy no pueden ser recuperados. De acuerdo con la Contraloría estatal, los exservidores públicos —quienes formaron parte de la administración 2016–2022— omitieron actuar pese a las alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera del banco, exponiendo recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del sector salud. La autoridad aclaró que la inhabilitación no los exime de posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, mientras continúa el proceso de liquidación para definir el destino final de los recursos.
Revocación de mandato
La falta de firmas para activar la revocación de mandato en Hidalgo dejó más lecturas que cifras: por un lado, confirma la escasa tracción social del ejercicio; por otro, exhibe un mecanismo todavía rígido. El propio gobernador Julio Menchaca reconoció que se trata de un primer intento fallido que deberá replantearse para evitar que se convierta en herramienta de chantaje y, en cambio, funcione como un instrumento real de evaluación ciudadana. El reto será fortalecer la participación sin trivializarla ni reducirla a una disputa coyuntural.
Parque fotovoltaico
El alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, aseguró que el gobierno municipal mantendrá una postura de respeto a la autonomía ejidal, diálogo con la población y acompañamiento institucional frente al proyecto del parque fotovoltaico previsto para Epazoyucan y Singuilucan, al subrayar que la decisión final corresponde a los ejidatarios y comisariados. Señaló que el ayuntamiento no ha otorgado aún licencias de construcción ni de funcionamiento, aunque existe disposición para avanzar una vez que se renueven los permisos —emitidos originalmente en 2020—.Aseguró que el proyecto no está en riesgo, pero aclaró que no hay una fecha definida para su inicio, ya que el proceso depende de acuerdos comunitarios y resoluciones internas del cabildo.
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