Morena
El escándalo de los jitomates a cambio de afiliaciones volvió a colocar a Morena en el centro de la controversia y obligó a su dirigencia estatal a activar los mecanismos internos de control, aunque más por la presión pública. El anuncio de enviar el caso a la Comisión de Ética confirma que el video exhibió prácticas que chocan de frente con el discurso de legalidad y principios que el partido dice defender, mientras los deslindes anticipados hacia funcionarios y la insistencia en que el presunto beneficiario no aparece en las imágenes dejan la sensación de que el daño político ya está hecho. Ahora, más allá de audiencias y procedimientos, la credibilidad del partido dependerá si las sanciones llegan.
Regidora acusa intento de soborno
La regidora del PT en el ayuntamiento de Tula, Karina Chiapa Mendoza, denunció en sesión de Cabildo un presunto intento de soborno por parte de la administración del alcalde Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, al asegurar que le ofrecieron un “sobre amarillo” a cambio de su respaldo en las votaciones municipales. La edil relató que el hecho ocurrió al inicio del periodo 2024-2027, cuando fue citada en la sindicatura hacendaria, donde rechazó de inmediato el apoyo económico, y señaló que la denuncia tomó fuerza tras ser desacreditada por un regidor de Morena, sin que hasta el momento el presidente municipal ni la síndica involucrada hayan emitido una respuesta.
Pase turístico
El pase turístico para permitir la circulación de vehículos con placas foráneas en Hidalgo podría vulnerar el derecho humano a la libertad de tránsito, advirtió el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del estado, Marco Antonio Márquez Hidalgo, al señalar que la medida condicionaría el libre desplazamiento y podría resultar inconstitucional. El abogado alertó que, de negarse el tránsito, se abriría la puerta a numerosos juicios de amparo y subrayó que, aun si se justifica por razones ambientales, el pase tendría que sustentarse en criterios objetivos y en un análisis de proporcionalidad para evitar afectaciones indebidas a los derechos humanos.