Busca amparo
César Román M.?V., exsecretario de la Contraloría de Hidalgo durante la administración anterior, ha presentado un nuevo amparo –#1091/2025– ante el Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo para intentar frenar una orden de aprehensión relacionada con la Estafa Siniestra de más de 500 millones de pesos. El recurso, ingresado el 4 de junio, busca protegerlo de cualquier detención, comparecencia o localización por parte de las autoridades hidalguenses. Este nuevo episodio jurídico se da días después de que Interpol detuviera a Román en Miami, a instancias del gobierno de Hidalgo y del Departamento de Inmigración de EU. La defensa del exfuncionario ahora se aferra a la figura del amparo para evitar ser detenido al llegar a México. ¿Será suficiente para evadir el proceso o terminará siendo sólo una pausa táctica en un caso que mueve voluntades y fondos públicos al mismo ritmo?
Las disculpas
El funcionario federal Jaime Vázquez Bracho, adscrito a la Semarnat, se convirtió en centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que increpa a la alcaldesa de Tepetitlán, Ana Elsa Castillo, durante una reunión sobre el combate al lirio acuático y al mosco culex en la presa Endhó. La escena, que mostró a Vázquez Bracho manoteando y levantando la voz a la presidenta municipal, fue rápidamente señalada en redes por su tono autoritario y presuntamente misógino. Tras la controversia y con el video circulando, Vázquez Bracho ofreció disculpas públicas a través de un comunicado en su cuenta de X, en el que reconoció que su actitud fue inapropiada y que como representante del gobierno federal debe conducirse con respeto y apertura, especialmente ante una autoridad electa. Si bien insistió en que no tuvo intención de faltar al respeto ni ejercer violencia de género, admitió que “las formas también comunican”.
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Amagan con paro
Transportistas y concesionarios de Hidalgo amagaron con realizar un paro estatal ante la falta de respuesta de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semoth) para revisar el aumento en la tarifa del transporte público. Argumentan que el ajuste —de 10 a 15 pesos— es urgente y necesario para cubrir los crecientes costos operativos y mejorar las condiciones laborales de los operadores, quienes aseguran ser los más afectados por el rezago tarifario. Planean paralizar el servicio en más de 30 demarcaciones, incluyendo Pachuca, como una medida de presión; sin embargo, el aumento del 50 por ciento luce poco viable y alejado de realidad pues representaría un duro golpe al bolsillo de los miles de ciudadanos que todos los días se mueven en transporte público.