Niega conflicto de interés
El diputado federal Ricardo Crespo Arroyo negó que exista conflicto de interés en la adjudicación del Infonavit a la empresa de sus hermanos para la construcción de mil 800 Casas del Bienestar por cerca de mil millones de pesos, al asegurar que no tuvo participación ni vínculo legal alguno con el proceso y que su labor se limita estrictamente al ámbito legislativo. Aunque defendió la trayectoria de la empresa y se dijo dispuesto a transparentar cualquier información y acatar resoluciones de la autoridad competente, aceptó el reciente cambio en el objeto social de la firma previo a la licitación. El legislador sostuvo que la información es pública y que no hay pruebas de tráfico de influencias, insistiendo en que los lazos familiares no deben confundirse con actos ilegales, en un caso que, más allá de lo jurídico, mantiene abierto el debate.
Tulancingo
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Tulancingo no solo dejó un Cabildo dividido, sino que exhibió una ruta claramente opuesta a la que marca el presupuesto de Hidalgo, donde se presume una inversión histórica en obra pública. Mientras a nivel estatal se apuesta por canalizar recursos al desarrollo de infraestructura, en Tulancingo se optó por recortar cerca de 26 millones de pesos a este rubro para fortalecer el gasto corriente, particularmente la nómina y la estructura administrativa. Las críticas de síndicos y regidores pusieron sobre la mesa una preocupación de fondo: un presupuesto que destina apenas una fracción de recursos propios a obra pública, carece de planeación por resultados y privilegia salarios, plazas y gasto operativo, aun cuando el propio documento reconoce riesgos de desequilibrio financiero.
Revocación de mandato
Dos ciudadanos impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que validó el proceso de revocación de mandato, al cuestionar la legalidad de la fase inicial del procedimiento, especialmente la manifestación de intención, el registro de promoventes y el periodo de captación de firmas. El recurso, identificado como SUP-AG-237/2025, argumenta que la ley local carece de reglas claras en esa etapa preliminar, lo que genera incertidumbre jurídica, aunque el umbral de 236 mil 529 firmas —equivalente al 10 por ciento del padrón— ya fue considerado constitucional por la propia Sala Superior. La impugnación cobra relevancia en un contexto en el que ninguna de las solicitudes ciudadanas logró reunir los apoyos necesarios para activar la consulta prevista para abril de 2026.