OPINIÓN

El Centinela

Créditos: LSR Hidalgo
Escrito en HIDALGO el

Freno a Ley Gobernadora

Tras el rechazo público de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el Congreso de Hidalgo optó por echar el freno a una iniciativa que caminaba sin obstáculos para ser aprobada: la reforma constitucional para reservar la próxima gubernatura exclusivamente a una mujer. El retiro del dictamen del orden del día, confirmado por el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, se presenta como un gesto de apertura al diálogo, pero también como un ajuste político inevitable ante las advertencias de posibles ilegalidades y riesgos institucionales. Aunque el legislador insiste en que no hubo línea federal y que la decisión fue consensuada con las diputadas promoventes, resulta evidente que el peso de las posturas nacionales obligó a replantear tiempos y formas.

Presidenta pide revisar contrato a hermanos de diputado

La revisión anunciada por la presidenta Sheinbaum sobre la licitación otorgada por el Infonavit a una empresa vinculada a los hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo abre un debate necesario sobre los alcances y cuidados en los procesos de adjudicación de obra pública. Aunque la mandataria subrayó que el Ejecutivo estatal no interviene en este tipo de decisiones y que la responsabilidad recae directamente en el instituto, también fue enfática al señalar que, de confirmarse un conflicto de interés, el contrato tendría que suspenderse. La adjudicación, que contempla la construcción de más de mil 800 viviendas del Bienestar en Zempoala por un monto cercano a los mil millones de pesos, coloca el foco en la importancia de fortalecer los mecanismos de revisión y transparencia, especialmente en proyectos sociales de alto impacto.

Presupuesto 2026

El Congreso de Hidalgo aprobó el Presupuesto 2026 por 75 mil 343 millones de pesos, un incremento de 6.1 por ciento respecto a 2025 (con una mayoría legislativa y el voto en contra del PRI) destacando un aumento significativo en la inversión pública y sin recurrir a nueva deuda. El presupuesto plantea un gasto de inversión histórica, con énfasis en obra pública, reconstrucción de infraestructura en municipios afectados por fenómenos naturales, fortalecimiento de la seguridad y la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia, además de incrementos moderados para los poderes Legislativo y Judicial. Según el dictamen, el crecimiento del gasto se sustenta en mayores transferencias federales, una recaudación estatal al alza y una política de disciplina financiera y austeridad, manteniendo controlado el nivel de endeudamiento y priorizando incentivos fiscales para contribuyentes.