Derechos Humanos
Durante 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) registró uno de los mayores rezagos a nivel nacional, al mantener más del 90 por ciento de sus solicitudes de queja pendientes de calificación por falta de información, de acuerdo con los censos de derechos humanos 2025 del Inegi. Aunque el organismo cuenta con una amplia estructura administrativa, 96 personas adscritas y un presupuesto de 51.8 millones de pesos, su desempeño mostró debilidades en capacitación, difusión y resolución de expedientes, al reportar apenas 409 actividades formativas y sólo 33 quejas aceptadas de 503 recibidas. El informe también evidenció bajos resultados en atención efectiva y defensa de derechos humanos, al ubicarse Hidalgo en el último lugar nacional en número de personas quejosas atendidas y con un limitado número de recomendaciones y medidas emitidas, lo que coloca a la CDHEH bajo un serio cuestionamiento sobre la eficacia de su operación institucional.
Oficialmente, se va el ITAIH
A ocho días de haber recibido el paquete de iniciativas del Ejecutivo estatal, el Congreso de Hidalgo aprobó un conjunto de reformas estructurales que reconfiguran la administración pública, el sector paraestatal, el sistema de adquisiciones, la justicia administrativa y el modelo de transparencia en la entidad. Entre los cambios más relevantes destaca la extinción del Instituto de Transparencia de Hidalgo (ITAIH), en cumplimiento con la armonización federal que elimina organismos autónomos; así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Entidades Paraestatales para integrar organismos auxiliares dentro del sector paraestatal. Se establecen nuevas reglas para la difusión gubernamental y la supervisión de contenidos. Además, se avalaron modificaciones a la Ley de Adquisiciones para modernizar el sistema de contrataciones públicas, y se otorgó plena autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial local, con el objetivo de garantizar su independencia en la resolución de controversias y el combate a la corrupción.
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Actopan y la seguridad
La alcaldesa de Actopan, Imelda Cuéllar Cano, anunció una reestructuración integral de la Dirección de Seguridad Pública, que incluye la creación de una Dirección General con cuatro áreas operativas (Seguridad Pública, Policía Violeta, Tránsito y Vialidad, así como Prevención del Delito y Proximidad Ciudadana), además delpróximo inicio de funciones del Centro de Control y Comando (C2). La estrategia, que contempla videovigilancia, proximidad ciudadana y dignificación policial, busca mejorar la capacidad de respuesta y la prevención del delito en el municipio; sin embargo, en un contexto regional marcado por la percepción de inseguridad, la apuesta institucional enfrenta un reto claro: traducir la reorganización administrativa y la inversión pública en resultados tangibles, pues la población no sólo espera anuncios, sino mejoras visibles en el corto y mediano plazo que devuelvan la confianza y la tranquilidad a las calles.
Nadia Reyna
La presencia de la regidora Nadia Reyna Camacho en un acto reciente del Partido Verde volvió a agitar las aguas políticas de Pachuca y dejó al descubierto la indefinición que hoy rodea su militancia en el PRI, partido que la llevó al cargo pero del que ya no descarta una eventual salida. Aunque públicamente apela a un discurso institucional de “trabajar sin colores”, su cercanía con una figura recientemente incorporada al PVEM, como Benjamín Rico, contrasta con la falta de certezas sobre su estatus real en el padrón priista, donde ni siquiera aparece registrada pese a afirmar una militancia de una década. El episodio ilustra el reacomodo de piezas rumbo a los próximos ciclos electorales, donde las lealtades partidistas parecen cada vez más flexibles.