Entre las funciones del Poder Legislativo, la fiscalización es una tarea axial, pues garantiza que los recursos se manejen atendiendo a una serie de principios como la honradez, la eficacia y la eficiencia, fincando a su vez responsabilidades, que pueden ser administrativas, civiles o penales, a quienes hacen uso indebido de los recursos que provienen de nuestros impuestos.
Esta función fiscalizadora requiere de un gran profesionalismo. En efecto, se trata de hacer un trabajo imparcial, objetivo, que observe donde haya irregularidades, sin hacer acepción de personas ni de partidos, de tal manera que queden limpios los que hayan hecho un buen trabajo y se exijan responsabilidades de quienes han actuado de manera indebida.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Te podría interesar
Pero el Congreso del Estado es un órgano político por excelencia y al ser la representación del pueblo está conformado por personas de diversa y plural extracción, de manera que no puede por sí mismo llevar a cabo la función fiscalizadora. De ahí que la Constitución haya dispuesto la existencia de un órgano técnico que la lleve a cabo en su nombre.
Este órgano técnico es la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Su titularidad corresponde al Auditor Superior y éste tiene a su cargo más de 300 personas para apoyarle en esta tarea del Poder Legislativo. Sin embargo, hasta el momento la ASEG no ha resultado ser lo que las sociedad guanajuatense esperaba que fuera, ni lo que la Constitución dispone.
En el año 2015 la ASEG vino a sustituir al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que a su vez, antes sustituyó, en 2003, a la Contaduría Mayor de Hacienda. El primer titular de la ASEG fue Javier Pérez, quien fue nombrado en 2016 y llegó al cargo sin cumplir los requisitos legales y después de haber sido empleado toda la vida de los diversos gobiernos panistas. En 2023 dicha persona fue ratificada en el cargo por otros 7 años, casi como Zamarripa.
Durante la década que ha durado en el cargo, su trabajo ha tenido más pena que gloria, quedando mal con todo el mundo. Quedó mal con los opositores a quienes persiguió injustamente, y quedó mal con el grupo en el poder a quien no dio los resultados esperados. No era para menos, pues llegó al cargo sin haber hecho jamás una auditoría, sino sólo por sus méritos de obediencia al PAN.
De hecho, su último acto de sumisión al PAN es precisamente su anticipada y sorpresiva renuncia, pues esto le permite al grupo en el poder nombrar un nuevo Auditor Superior que dure 7 años. Este permanecería hasta el 2031, una vez que haya concluido el gobierno de la ya casi gobernadora Libia García. Así se evitarían nombralo dentro de 3 años cuando el PAN tendrá previsiblemente una cantidad de diputados todavía menor a la que acaba de ser electa.
Se advierte, pues, que su renuncia no fue por motivos personales, como asegura el periódico oficialista de León, sino que fueron órdenes dadas por la jefatura de gabinete para cuidarle las espaldas al gobernador saliente y a su gente cercana. Pero siendo la ASEG un órgano del Poder Legislativo, los diputados tienen la enorme oportunidad de tomar el control del nombramiento, y designar a un profesionista capaz, con experiencia, verdaderamente imparcial y objetivo y que no sea un mero empleado que reciba órdenes de las oficinas de gobierno.
Los tiempos así lo exigen. Prestigiar a la ASEG va a redundar en un mejor gobierno para la gobernadora electa y para los municipios. Nombrar en la ASEG a otro miembro de la burocracia oficialista sólo mantendría el desprestigio de este órgano y de la función fiscalizadora del Poder Legislativo.
Ojalá que los diputados estén a la altura y tengan la visión necesaria para llevar a cabo un nombramiento consensuado en el que el elegido cumpla con los requisitos constitucionales y de ley y garantice objetividad e imparcialidad, superando, así, el estado de abyección en que nació la ASEG y se mantiene hasta el momento.