Como es del conocimiento general, la política mexicana se lleva a cabo por el sistema de partidos políticos; cada partido político tiene a su presidente (hombre o mujer), quien es la imagen pública, conduce las estrategias de los partidos en beneficio de la sociedad, la teoría sobre la práctica seguramente algunos lo están pensando.
En el poder legislativo pasa algo parecido, cada grupo parlamentario tiene a un coordinador, muchas veces electo por los mismos integrantes, otras veces electo por la amistad, dependiendo de la forma de ser electo se tiene un comportamiento o, mejor dicho, se tiene la lealtad y atención directa al presidente de su partido para impulsar, negociar, oponerse o acatar indicaciones.
En los últimos días se ha platicado acerca de la reforma constitucional del Tribunal Electoral, se estableció que los coordinadores parlamentarios establecerían un grupo de trabajo coordinado por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, donde invitaban a diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, sociedad civil, académicos, especialistas entre otros, con la finalidad de recopilar opiniones e información con el objeto de elaborar iniciativas de consenso que permitan la modificación legislativa en la materia. Hasta aquí y en términos generales, pareciera que tiene sentido dicha mesa de trabajo para revisar el marco jurídico de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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El dilema inicial se encuentra en la exposición de motivos del proyecto; en los mismos, señalan que el órgano electoral rebasa la esfera de sus competencias y suponen invasión de las competencias propias del Poder Legislativo, lo que supone una alteración del principio de División de Poderes, y por lo tanto del estado de Derecho.
Nuestros legisladores consideran que los partidos políticos y el Poder Legislativo deben tener toda libertad para garantizar la paridad de género, garantizar y proteger a los grupos vulnerables, de igual forma, consideran que los partidos políticos a través de sus órganos internos deben tener las facultades para garantizar la paridad de género en el ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, esto es, el partido político sería el único sancionador de alguna defensa de los derechos políticos-electorales de sus militantes y simpatizantes.
Esta reforma busca limitar a la autoridad electoral, ya que solamente podría resolver respecto a un partido político lo establecido por la ley en una ejecución literal.
Dejando al Poder Legislativo Federal la facultad para adoptar acciones afirmativas en materia electoral (son las medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, socio-cultural o económico), en el papel, pareciera que es bueno, sin embargo, lamentablemente desde mi punto de vista no contamos con un Poder Legislativo maduro y auto determinante para dejarle dichas facultades, porque si algo se ha visto a lo largo de nuestra democracia, es que es difícil sacar adelante reformas de fondo que sean determinantes para la sociedad, y lamentablemente vemos a coordinadores de grupos parlamentarios, senadores o diputados que actúan más como aduladores y servidores del Presidente que representantes de la sociedad civil.
Los militantes de los partidos políticos que tienen alguna aspiración son los primeros que deberían levantar la voz en contra de dicha reforma, ya que la misma faculta al partido político para conocer de las denuncias y/o quejas de la protección de los derechos políticos electorales, ser la autoridad competente para resolver las controversias, sin permitir que el Tribunal pueda conocer de las mismas. Aquí es donde se genera el ruido, ya que no se garantiza la imparcialidad y la independencia de los órganos internos, al revés, da lugar a interpretaciones que van desde el amiguismo hasta el poder interno de quien realiza la violación de los derechos políticos-electorales, situaciones que se han dado a lo largo de nuestra democracia y que son la razón por la cual existe un Tribunal Electoral.
Como integrante de un partido político, he visto como militantes han buscado proteger sus derechos políticos-electorales, primero ante los órganos internos de su partido, siendo claro que existen resoluciones favorables para el o la quejosa, así como resoluciones que confirman el hecho reclamado, en cualquiera de los supuestos, el o la quejosa pueden ir al Tribunal Electoral para que conozca de los hechos y resuelva la controversia, ya sea revocando, confirmando o modificando la sentencia del órgano interno estatutario de los partidos políticos.
Por lo que dejar la facultad única a los partidos políticos, así como al Poder Legislativo Federal y limitar de su conocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería un error que afectaría a la democracia en nuestro país. Es un error fomentar el ego del poder Legislativo, porque al final eso es, la reforma es con vistas de impedir que el Tribunal señale como anticonstitucional alguna reforma que quieran impulsar, a nuestro Poder Legislativo llegan siempre servidores que conocimientos técnicos, tan es así que funcionan a lo que les dicen sus asesores legislativos, sus coordinadores de bancada y presidentes de partido.
Las reformas son necesarias, sí, lo son, pero para garantizar la autonomía del Tribunal, para permitir que pueda dirimir controversias de manera pronta y expedita, porque se trata de un autónomo con la imparcialidad suficiente para resolver pensando en los ciudadanos y no en los partidos o los intereses de los grupos parlamentarios.
Por eso aplaudo que no se haya aprobado la reforma a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, en verdad espero que el PRI, PAN, PRD entiendan que lo que estaban aprobando es un retroceso a nuestra democracia, y que se genere un nuevo grupo de trabajo para fortalecer al Tribunal, no para limitarlo.
La democracia existe gracias la imparcialidad y a los ciudadanos.
*Secretario de Organización del CDM PRI León.