En nuestro estado, la seguridad parece un lujo del cual se puede disfrutar libremente y sin limitación alguna siempre y cuando esté uno vestido de manera elegante, con ropa de marca, sea integrante del Municipio o familiar de quienes ostentan el poder. Para la mayoría de la población, la seguridad la disfrutamos también libremente siempre y cuando no salgamos de nuestra casa, vivamos en una privada o llevemos años creciendo en la misma colonia y seamos conocidos por todos, sobre todo en el tenor de ser imparciales y de no meternos en asuntos ajenos.
Hoy en día, es tal el nivel de inseguridad y el nivel de impunidad, que la sensación de obtener justicia es una que casi nadie tiene, sin importar qué tan grave sea el delito, o qué tan debidamente tipificado se tenga en una carpeta de investigación, sin importar la plena identidad del imputado, la justicia no llega, no se da la reparación del daño ni mucho menos una vinculación a proceso, en gran medida por la cantidad de delitos que se generan en nuestra ciudad, la cantidad de víctimas u ofendidos es demasiada, que las agencias del Ministerio Público no tienen la posibilidad de dar avance, no se dan abasto.
La alcaldesa de León, estableció un nuevo sistema de seguridad, haciendo hincapié en la academia, para generar elementos que protejan los Derechos Humanos de los leoneses, estableció un comisionado y se continuó con la prevención del delito, ratificando en el puesto a Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad Pública, la intención es correcta, era importante un cambio en el sistema de seguridad, porque las cosas en este rubro no están bien.
Dependiendo del delito, es la competencia de la autoridad; en nuestro municipio, la Secretaría de Seguridad Pública solamente atiende ciertos delitos, su estructura establece las medidas de prevención del delito, tenemos un director de Prevención del Delito y Participación Social, que parece ser más invisible que el Comisionado de Atención y Protección Ciudadana, el cual aparece ya cuando no tiene de otra.
Hace días, los síndicos del ayuntamiento de León, cuestionaron a Mario Bravo Arrona, acerca de los criterios a la hora que se detienen a los ciudadanos, así como de los protocolos en su detención. El secretario de Seguridad Pública estableció que los criterios van en relación a las directivas internacionales de CALEA (Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley), las que mandan y les dicen los procesos para la revisión, por lo que todo el protocolo son directrices que marca CALEA y que el cuerpo de Seguridad Pública solamente está haciendo lo que le indican las directrices internacionales.
Recordemos lo que es CALEA, primero, es una organización acreditadora, certificadora de procesos y estándares de agencias policiales a nivel internacional; tiene la finalidad de mejorar la prestación de servicios de seguridad pública, principalmente para el mantenimiento de un cuerpo de normas, desarrollado por profesionales de la seguridad pública.
Para entender mejor debemos recordar lo que dice la constitución en su artículo 21 “la seguridad estará a cargo del Estado a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas…” que va en relación a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual es una ley reglamentaria al artículo 21 de la Constitución, que en su artículo sexto establece “Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La Ley reglamentaria es muy clara, proteger y salvaguardar los Derechos Humanos porque es un principio constitucional, algo que protege a todos los ciudadanos, sin importar el municipio o la certificación internacional que tenga.
¡Es entonces, en la respuesta del secretario de Seguridad Pública que debe prender las alarmas y los focos rojos de advertencia!
Su respuesta deja en claro que primero va a atender las directrices de CALEA (no está de más señalar que casi nadie las conoce) y luego va a atender lo estipulado por nuestra Constitución; en otras palabras, primero la arbitrariedad y luego los derechos humanos, al final del día, si el comisionado es invisible, solamente una queja o denuncia ante Derechos Humanos dará voz al o los afectados, y en esa comisión, es otro cantar.
Sí, el ciudadano está urgido de seguridad, para conseguirla no significa que deba ser cacheado por su vestimenta, o por traer sus herramientas de trabajo, no significa que deba quedarse callado, ni mucho menos significa que deba aguantar la arbitrariedad de la secretaria de Seguridad Pública, al contrario, debe ser protegido y debe ser respetado en su persona y sus posesiones, así como en sus derechos de libre tránsito, y de vestimenta.
La alcaldesa debe atender a la ciudadanía, se debe a los leoneses, no al secretario de Seguridad Pública; permitir las arbitrariedades de la Policía hacia la ciudadanía es ser cómplice, y es dejar olvidados los compromisos que estipulo desde el día uno, la congruencia viene desde el informe a la ciudadanía y desde la protección de los Derechos Humanos; viene desde la toma de decisiones que favorezca a los leoneses, a partir de la Constitución, no a partir de una certificación.
*Secretario de Organización del CDM PRI León.