León, Guanajuato.- Debido a que se les quitó la fuente de empleo a mujeres y madres que sostenían a sus familias en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez en León y la Miguel Alemán, Morena exigió una investigación a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Prodeg que inicie una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e inter seccional.
Señaló que en el desalojo de los comerciantes desarrollado por el municipio de León en abril de este año, se registraron presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado “La Josefa”.
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Martínez Mendizabal lamentó que el operativo de desalojo fue efectuado el Lunes Santo (14 de abril de 2025) y luego vino una negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina.
"No se consideraron de manera integral las circunstancias particulares de las personas afectadas, incluidas sus condiciones económicas, sociales y laborales, así como los posibles impactos diferenciados por las decisiones de la autoridad municipal y que han generado en sus medios de vida, su acceso a oportunidades productivas y su trato frente a otros grupos de comerciantes que han sido permitidos en la misma zona", lamentó el diputado morenista.
El legislador recordó que el gobierno municipal de León, encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, implementó un arbitrario operativo de desalojo en la avenida Miguel Alemán y zonas aledañas al Mercado Aldama, como lo son las calles Leona Vicario, Aquiles Serdán, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Comonfort, Miguel Alemán y Belisario Domínguez.
Martínez Mendizábal mencionó que en el hecho más de 200 comerciantes ambulantes fueron retirados desde las primeras horas de la madrugada con la participación de elementos de Seguridad Pública, personal del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y de las Direcciones de Comercio, Consumo y Abasto, sin que existiera, en la mayoría de los casos, una notificación previa formal a los afectados.
El congresista precisó que el operativo generó un impacto significativo sobre el sustento económico de cientos de familias que han ejercido la venta en vía pública durante décadas, sin que existiera un proceso previo de diálogo, acompañamiento institucional o alternativas claras para su reubicación, acciones que revela una falta de planeación adecuada y una ausencia de enfoque social en la gestión del espacio público.
Finalmente, señaló que es legítimo que el gobierno municipal promueva acciones para mejorar el orden urbano y la movilidad peatonal, junto a que la economía informal representa una realidad social compleja, que debe ser abordada desde políticas públicas integrales con perspectiva de derechos humanos, inclusión productiva y acompañamiento institucional.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.