Guanajuato, México.- El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad (NMP) ha escalado a niveles críticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores del NMP anunció que, ante la falta de respuesta por parte de la administración, podría estallar una huelga el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de defender los derechos de más de 1,700 empleados en todo el país.
El secretario general del sindicato, Arturo Zayún González, explicó que la decisión se debe a las constantes violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Señaló que la nueva administración ha favorecido a un grupo reducido de trabajadores desafiliados y a un sindicato independiente, otorgándoles mejores puestos y salarios, mientras que los sindicalizados sufren acoso laboral, bajos sueldos y la pérdida de prestaciones.
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“Ya no es soportable esta situación. Llevamos años denunciando abusos y la empresa solo responde con injerencia y presión. Han violentado entre 10 y 15 cláusulas del contrato colectivo. Por eso, los trabajadores exigen irse a huelga sin más prórrogas ni negociaciones”, declaró Zayún.
El dirigente también acusó al patronato de solicitar informes sobre el uso de los recursos sindicales, lo que calificó como una “total injerencia patronal”. Además, denunció que existen dos grupos alineados con la administración que se activan para debilitar los movimientos del sindicato principal: uno independiente, que realiza campañas en redes sociales, y otro integrado por alrededor de 90 personas privilegiadas por la institución.
Negociaciones en suspenso
El 23 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el fin de buscar un acuerdo. Sin embargo, Zayún reconoció que las posibilidades de negociación son mínimas: “Más del 90% de los trabajadores está a favor del paro porque no creemos que la administración quiera respetar el contrato colectivo”.
En paralelo, existe otro emplazamiento para el 18 de octubre, relacionado con la revisión salarial, lo que podría agudizar aún más el conflicto. En la historia del Monte de Piedad se han registrado cuatro huelgas previas, pero los trabajadores aseguran que esta podría ser la más significativa por la magnitud de las violaciones al CCT.
Entre las denuncias más graves destacan la suspensión de pagos a jubilados, la negativa de otorgar plazas vacantes a sindicalizados y el despido injustificado de 300 trabajadores en años recientes. De ellos, 150 optaron por liquidarse, mientras que el resto demandó su reinstalación, logrando un fallo favorable y su regreso a la institución.
Contexto en Guanajuato
En Guanajuato, el Nacional Monte de Piedad cuenta con 26 sucursales, de las cuales 7 se ubican en León. Estas oficinas podrían verse afectadas si la huelga se concreta, impactando a miles de usuarios que dependen de la institución para empeños y créditos.
En León, donde existe una alta actividad comercial, el Monte de Piedad tiene presencia estratégica en zonas como el centro histórico y colonias de alta afluencia, por lo que un paro afectaría directamente la economía local y a familias que dependen de estos servicios para solventar gastos urgentes.
Acusaciones a la administración
Tras la salida del anterior director, Javier de la Calle, la dirección quedó a cargo de Rafael Humberto del Río, aunque, según el sindicato, las decisiones son controladas por Aldo Achar Camacho, señalado como el verdadero líder de la administración.
De acuerdo con publicaciones en redes sociales, se acusa al patronato de contar con la complicidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, permitiéndoles actuar con impunidad. “Están violando los derechos humanos y laborales de los trabajadores ante la mirada pasiva de las autoridades”, se lee en un grupo de Facebook llamado ¿Qué pasa con el Monte de Piedad?, donde circula información sobre el movimiento.
Panorama incierto
Si no se llega a un acuerdo antes del 30 de septiembre, la huelga podría paralizar las operaciones del Monte de Piedad en todo el país, afectando tanto a los trabajadores como a millones de usuarios. En Guanajuato, el impacto sería considerable, especialmente en León, donde la institución es un pilar económico para la comunidad.
El conflicto refleja una lucha por la defensa de los derechos laborales y la transparencia en una institución con más de 249 años de historia, que atraviesa una de las crisis más graves de su trayectoria.
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