Guanajuato.- La comitiva estará enfocada en atender y ayudar a las casi 700 víctimas (adultos y niños) que eran explotados por asiáticos, haciéndolos trabajar como jornaleros en Dolores Hidalgo.
El Gobierno de Guanajuato conformó una comitiva especial para atender el caso de explotación laboral en la comunidad de El Ramillete, en el municipio de Dolores Hidalgo, donde se encontraron indicios de condiciones laborales irregulares que habrían afectado a más de 600 personas, incluidos menores de edad.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que el operativo se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la cual inició una investigación en torno a una empresa agrícola que presuntamente mantenía a los trabajadores en condiciones precarias, sin garantizar sus derechos fundamentales.
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De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, un total de 642 personas fueron identificadas como posibles víctimas: 458 adultos, 184 niños y niñas, mientras que 30 adolescentes lograron huir del lugar antes de ser auxiliados. Las autoridades investigan si las víctimas estaban sujetas a condiciones de trabajo forzado, hacinamiento y carencia de servicios básicos.
“Desde el primer momento trabajamos con la Fiscalía del Estado para garantizar el respeto y los derechos de estas personas. Sabemos que muchos llegaron como jornaleros agrícolas, pero las empresas deben ajustarse a lo que marca la ley laboral”, declaró la mandataria estatal.
La comitiva designada está conformada por personal de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Trabajo. Estas dependencias se encuentran desplegadas en el sitio realizando labores de verificación, entrevistas, atención médica y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos.
Además, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes activó protocolos especiales para brindar atención a los menores rescatados, en tanto que se revisan los permisos, contratos y condiciones bajo las cuales fueron contratados todos los jornaleros.
Este caso ha despertado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y en organismos defensores de derechos humanos, que exigen al gobierno estatal dejar caer todo el peso de la ley sobre los agresores y llegar hasta las últimas consecuencias.
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FN