Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz dio a conocer esta mañana que el estado amaneció sin ningún bloqueo, esto al corte de las 6:30 de la mañana. Se mantienen atentos a cualquier cambio.
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Ayer por la tarde-noche, uno tras otro, se fueron detectando diversos bloqueos en distintos puntos del estado. Las vías afectadas fueron las siguientes:
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Apaseo el Grande, carretera federal 45 libre Celaya - Apaseo el Grande.
Apaseo el Grande, carretera federal 45D en sentido Apaseo el Grande - Celaya.
Irapuato, carretera federal 90 Irapuato – Abasolo, en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro.
Irapuato, carretera federal 45 Silao - Irapuato, a la altura del ITESI.
Irapuato, carretera federal 45 Irapuato - Salamanca, a la altura del distrito de Ciudad Industrial.
San Luis de la Paz, carretera federal 57 a la altura del entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende.
Pénjamo, carretera federal 90 Pénjamo - La Piedad, a la altura de Churipitzeo, en el entronque con La Herradura.
San Felipe, carretera federal 37 San Felipe - Villa de Reyes, a la altura de Jaral de Berrios.
“Toma precauciones, evita zonas con cierre total y consulta rutas alternas publicadas”, recomendó la Secretaría de Seguridad y Paz.
¿Quiénes realizaron estos bloqueos y por qué?
Después de haber finalizado una serie de bloqueos agrícolas realizados la semana pasada en diversas carreteras de todo el país, el estado volvió a registrar manifestaciones campesinas el día de ayer. ¿Por qué?
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La tarde de este miércoles 3 de diciembre, al conocerse la aprobación del dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pese a las demandas de legisladores de la oposición y productores agropecuarios para aplazar la discusión, los movimientos de protesta empezaron a crecer en el estado de Guanajuato.
¿Qué es la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales?
En 2025, el gobierno federal presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas (LGA) y reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Con esta reforma, el Estado (a través del órgano hidráulico, Comisión Nacional del Agua - CONAGUA) recuperaría la rectoría sobre el agua: es decir, pasaría de un régimen de concesiones con posibilidad de “mercado de agua” a uno en que el acceso al agua se planifique y regule como servicio público/derecho.
La reforma busca también ordenar y transparentar la gestión del agua: registro público de concesiones, regulaciones más estrictas y sanciones para quienes usen agua de forma indebida o no autorizada.
¿Cómo afecta a los campesinos?
El sector agrícola ha expresado fuerte rechazo. Argumentan que la restricción para heredar o vender concesiones, o su control más estricto, podría devaluar sus tierras, complicar su operación y limitar su producción.
Representantes del campo advierten que la ley podría “criminalizar” a productores, con multas muy altas por cambiar el uso del agua, incluso por pequeñas modificaciones, lo que genera incertidumbre sobre sus derechos históricos.
Existe temor de que al centralizar el control en CONAGUA se les quite autonomía a los módulos de riego, ejidos y comunidades agrícolas, lo que puede afectar la gobernanza local del agua.
Algunas comunidades rurales, pueblos indígenas o pequeños productores sienten que no fueron consultados adecuadamente, lo que despierta rechazo por falta de participación.
La reforma estaba programada para discutirse en comisiones el miércoles por la mañana y presentarse ante el pleno el jueves. Sin embargo, a último momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, llamó a una sesión extraordinaria para pedir que el dictamen se presentara de inmediato como trámite “de urgente resolución”.