León.- Artículo 19, una organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, intervino en defensa del periodista Antonio Nieto, debido a las amenazas que recibió por parte del senador Ricardo Sheffield, debido a un reportaje publicado en La Silla Rota en agosto de 2025.
El trabajo de investigación que documenta el periodista es sobre una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una presunta red de corrupción dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la cual estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios públicos.
El reportaje cita directamente la carpeta de investigación de la FGR, en la que un testigo -ex trabajador de la Profeco- señala al ex procurador y actual senador Ricardo Sheffield, a su sucesor David Águila Romero y a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios por presuntamente exigir dádivas a empresarios gasolineros. Estas dádivas, según los testimonios oficiales, se solicitaban a cambio de evitar que los empresarios fueran exhibidos en la sección “Quién es quién en los precios” de las conferencias matutinas de la presidenta de la República.
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Artículo 19 explica que el periodista documentó las pruebas, citó la carpeta, el número de expediente y la declaración ministerial, e incluyó la versión del senador, quien fue consultado antes de la publicación.
Añade que tras difundirse el reportaje, Sheffield negó públicamente la existencia de la investigación y acusó al periodista de “inventarla”. Posteriormente, solicitó acceso a la carpeta ante la FGR, la cual le fue negada por no tener calidad jurídica dentro del proceso. Sin embargo, el senador difundió en redes sociales un video en el que tergiversa la respuesta institucional, afirmando que el documento demostraba que no estaba involucrado en ninguna investigación penal.
Las amenazas
Artículo 19 mencionó que poco después, el propio Sheffield envió a Antonio Nieto un mensaje de WhatsApp con el vídeo y la frase: “Ojalá ya podamos cerrar el tema. Nos vemos en los tribunales”, lo que constituye una amenaza directa de acciones legales. Desde ese momento, el periodista comenzó a recibir mensajes intimidatorios y agresivos en la red social X (antes Twitter), algunos con lenguaje violento y otros advirtiéndole que “no se apareciera en Guanajuato” o que “dejara de molestar al senador”.
Agrega la organización internacional que Antonio Nieto ha enfrentado previamente incidentes de hostigamiento y vigilancia, por lo cual ingresó al Mecanismo de Protección hace cinco años.
“La utilización de recursos públicos o del poder político para intimidar o desacreditar a periodistas constituye una violación directa a la libertad de expresión. Los intentos de deslegitimar el trabajo periodístico, especialmente cuando está sustentado en documentos oficiales, vulneran el derecho de la sociedad a recibir información de interés público. Este tipo de actos pueden generar un efecto silenciador que inhibe la investigación periodística sobre corrupción y rendición de cuentas”, se añade en el comunicado.
Recordatorio
Artículo 19 señala que de acuerdo con la Rectoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia o intimidación contra periodistas.
“Los funcionarios públicos deben mantener un mayor nivel de tolerancia a la crítica y abstenerse de usar su cargo o influencia para intimidar, estigmatizar o amedrentar a quienes ejercen la labor periodística”.
Las amenazas de acciones legales refuerzan que los procesos judiciales no están siendo utilizados como mecanismos de acceso a la justicia, sino como escarmiento frente a la crítica. Ante la realidad del uso desmedido y arbitrario de acciones legales, la amenaza de entablar acciones legales contra la prensa genera por sí mismo un efecto amedrentador y de autocensura, añade el comunicado.
Exigencia
En vista de lo anterior, ARTICULO 19 y Antonio Nieto exigen:
Al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: revisar de manera urgente y reforzar las medidas otorgadas al periodista, incorporando una estrategia preventiva e integral que contemple el riesgo derivado de actores políticos con poder institucional.
Y al Senado de la República: pronunciarse públicamente contra los actos de intimidación y garantizar que sus integrantes se conduzcan con respeto a la libertad de prensa, la rendición de cuentas y el escrutinio público.
JP