San Miguel de Allende.- Dos hombres y una mujer, de origen colombiano, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende luego de que fueran señalados por presunta extorsión por medio de los préstamos “Gota a gota”.
Los agentes policiacos trasladaron y entregaron a los tres detenidos en la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración (INM), que se ubica en San Miguel de Allende.
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Los detenidos dijeron llamarse Camilo, de 22 años de edad; Edwin, de 40 años; y Leidy, de 28 años.
La detención de los tres ciudadanos colombianos se registró la mañana de este miércoles cuando elementos de Seguridad Ciudadana realizaban un operativo de revisión y detección de vehículos robados que se ha implementado en diversos puntos de la ciudad por lo que les marcaron en alto pues los dos hombres y la mujer circulaban en motocicletas.
Al indicarles los agentes que les realizarían una revisión, la mujer y los dos hombres se mostraron una actitud agresiva ante los policías.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron y pusieron a los tres ciudadanos colombianos a disposición de las autoridades migratorias quienes se encargarán de verificar la estancia legal que tienen en el país.
Detienen en la capital a cinco colombianos
Hace unos días las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guanajuato informaron que detuvieron a cinco personas de origen colombiano, entre ellos un menor de edad y una mujer, quienes operaban en el municipio como cobradores del sistema de préstamos “Gota a gota”.
La detención se realizó luego de que la Policía Municipal recibiera al número 911 varios reportes de ciudadanos sobre este sistema de préstamo y la manera que los cobradores usan para intimidar a sus deudores, muchos de ellos comerciantes ambulantes, para requerirles el pago de una deuda derivada de actividades o dinero del cual no se acredita la legal procedencia.
Ente los cinco detenidos se dio a conocer que hay un menor de 16 años, todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de las autoridades migratorias, para determinar su situación legal.
CM