Guanajuato, Gto. — Un nuevo episodio de tensión política se escribió en tierras guanajuatenses cuando el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la donación de un predio estatal a la automotriz Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. —generando reproches por supuesta ilegalidad, patrimonios públicos comprometidos y un debate que enfrenta desarrollo económico versus derechos ciudadanos.
La donación se refiere a una parcela en el municipio de Salamanca, Guanajuato, identificada como “Fracción de terreno fusionada e identificada como Rancho Crucitas Espuelas de FFCC-B”, que formaba parte del dominio público del estado.
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El dictamen aprobado faculta al poder ejecutivo estatal para enajenar ese bien mediante donación a Mazda, “para que lo destine a la realización de actividades que propicien el desarrollo del Estado”.
El valor estimado del inmueble ronda los 64.7 millones de pesos, según legisladoras y medios locales.
El choque político
Por un lado, la fracción del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cuestionan todo el procedimiento: lo califican como “regalo al gran capital”, “despojo disfrazado de inversión” y aseguran que no se actuó conforme a la ley. La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo lo resumió en forma directa:
“robo lo que pretendían hacer al regalarle una empresa patrimonio del pueblo… el comodato que hicieron al principio era ilegal”.
Además, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor (también de Morena) planteó que la empresa ya había recibido cientos de millones en incentivos —691 millones de pesos, según su estimación— y que el Estado no tenía la facultad legal inicial para pactar la donación del bien.
Por el otro lado, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados defendieron la donación como una herramienta legítima para atraer inversión, empleo e industria competitiva al estado. El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta argumentó que “el beneficio económico y social es ampliamente superior al valor patrimonial que ha aportado la entidad”.
También se señaló que la acción estatal estaría alineada con mecanismos de incentivo al sector privado, comparando incluso con políticas federales de deducción acelerada de activos.
Resultados de la votación
Según los reportes, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen con mayoría: 23 votos a favor frente a 12 en contra (la cifra original que me diste coincidía con este rango). Aunque algunos artículos indican que Morena votó en contra de la comisión que primero aprobó el dictamen.
Antecedentes de Mazda en Guanajuato
Mazda ya opera una planta importante en Guanajuato: la donación del terreno se presenta dentro de un compromiso previo entre el estado y la empresa, para asegurar su instalación y operación logística en Salamanca.
La ley del patrimonio inmobiliario estatal establece requisitos específicos para enajenaciones de bienes públicos. Ramos Sotomayor sostuvo que los artículos 47 y 48 exigen autorización previa del Congreso para que la enajenación sea válida.
En el debate se aludió al doble discurso: se critican los incentivos federales al sector privado, mientras que en el ámbito estatal se promueven medidas similares. La diputada del PRD, María del Pilar Gómez Enríquez, señaló justamente esa contradicción.
Lo que está en juego
Patrimonio público vs. desarrollo privado: La donación implica que un bien que pertenecía al estado (y por tanto al pueblo) pasará a manos de una empresa privada. Morena lo denuncia como un acto que “afecta el patrimonio del pueblo”.
Legalidad del proceso: Si la ley requiere autorización específica para desafectar bienes del dominio público, el hecho de que la empresa ya los estuviera utilizando podría no legitimar la donación sin cumplimiento previo de la norma.
Incentivos a la inversión: Los defensores argumentan que sin este tipo de apoyos difícilmente se atraen inversiones significativas, lo que impacta empleo, economía local, competitividad regional.
Transparencia y rendición de cuentas: Que exista denuncia anunciada y cuestionamientos públicos sugiere que la ciudadanía exige claridad sobre montos, condiciones, cláusulas de reversión, etc.
Qué sigue
La morenista Hades Aguilar anunció que la próxima semana presentará denuncia formal contra el gobierno estatal por lo que califican como “ilegalidad” en el comodato previo.
El desarrollo de la planta de Mazda en Salamanca, y su contribución real al empleo y economía local, será un factor a seguir para ver si la donación generará los resultados prometidos por la oposición o quedará solo en promesa de inversión.
Reflexión final
La cola del tigre no suele ser visible hasta que pisa fuerte: aquí el asunto es más que “una empresa quiere terreno”. Es una intersección donde se cruzan decisiones de política pública, derechos sociales, legalidad administrativa, y visiones distintas de qué debe hacerse con los bienes del Estado. Como reportero, te conviene seguir de cerca los documentos legales (convenios, leyes, dictámenes) y hacer preguntas clave:
¿La empresa cumple o pagará por el terreno si no cumple el fin?
¿Qué cláusulas de reversión o garantía hay?
¿Cuántos empleos reales se generarán, en qué plazos?
¿Cuál fue la valuación oficial del terreno y el proceso previo de desafectación?
¿Se consideraron otras modalidades (comodato, renta, compra-venta) menos agresivas al patrimonio público?