OAXACA.- Colectivos de periodistas, diputados locales y autoridades estatales plantean la denominada Ley Alejandro, una iniciativa que busca fortalecer la protección de quienes ejercen el periodismo y establecer mecanismos de respuesta ante amenazas, agresiones y atentados.
La propuesta contempla crear un mecanismo estatal de protección, protocolos de reacción inmediata, un número de emergencias y sanciones de hasta 50 años de prisión contra quienes atenten contra comunicadores.
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El proyecto también plantea modificar la política de comunicación del gobierno estatal para garantizar la libertad de prensa y atender riesgos relacionados con el entorno digital, como el acoso, la vigilancia, las campañas de desinformación y otras formas de intimidación contra comunicadores.
¿Cómo se elaborará la Ley Alejandro?
Durante un encuentro encabezado por el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, se acordó instalar mesas de trabajo y una comisión revisora que se encargará de redactar la iniciativa.
En la reunión participaron alrededor de 150 reporteros, representantes de colectivos periodísticos, legisladores locales y organismos defensores de derechos humanos.
Los asistentes señalaron que la elaboración de la ley deberá incluir las experiencias de periodistas que han sido víctimas de amenazas o ataques, con el objetivo de que las medidas contempladas respondan a los riesgos que enfrentan los comunicadores en las distintas regiones del estado.
La redacción final de la Ley Alejandro dependerá de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre periodistas, autoridades, legisladores y organismos de derechos humanos. Posteriormente, la iniciativa deberá ser presentada y discutida en el Congreso de Oaxaca.
Periodistas denuncian falta de respuesta inmediata
Uno de los principales reclamos expuestos durante el encuentro fue la ausencia de un protocolo estatal que permita reaccionar de manera inmediata cuando un periodista denuncia amenazas, agresiones o situaciones de riesgo.
Reporteros locales señalaron que, en algunos casos, las autoridades tardan en atender las denuncias o no cuentan con procedimientos claros para determinar el nivel de peligro y establecer medidas de protección.
Ante esta situación, se propuso crear un mecanismo estatal especializado que coordine la actuación de las autoridades de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos.
Acusan agresiones desde los ayuntamientos
Los periodistas participantes advirtieron que una parte de las agresiones contra comunicadores proviene de autoridades municipales.
De acuerdo con los testimonios presentados, presidentes municipales y funcionarios locales presuntamente utilizan a policías municipales y topiles para intimidar, detener o agredir a reporteros que documentan irregularidades o realizan investigaciones sobre los gobiernos locales.
También se alertó sobre la presencia de células del crimen organizado que atacan o amenazan a periodistas por encargo o en coordinación con políticos y caciques regionales.
Número de emergencias y protección personal
Entre las principales propuestas de la Ley Alejandro se encuentra la creación de un número telefónico de emergencias y de un centro de atención que reciba denuncias, quejas y reportes de amenazas contra periodistas.
Este servicio permitiría evaluar rápidamente cada caso, activar protocolos de seguridad y canalizar las denuncias ante las instituciones correspondientes.
También se plantea otorgar medidas de protección personal, como acompañamiento policial, vigilancia, resguardo temporal y garantías de movilidad para periodistas que deban abandonar su comunidad o trasladarse a otro lugar debido a una situación de riesgo.
Penas de hasta 50 años por ataques
Diputados locales propusieron que la reforma establezca sanciones más severas contra quienes atenten contra periodistas debido a su actividad profesional.
La propuesta contempla penas de entre 40 y 50 años de prisión, sin derecho a fianza, para las personas responsables de ataques contra comunicadores.
Sin embargo, durante las mesas de diálogo también se estableció que la legislación no deberá utilizarse para restringir contenidos, limitar el derecho a informar o imponer mecanismos de censura.
El objetivo, señalaron los participantes, será castigar las acciones que impidan, obstaculicen o vulneren el ejercicio periodístico, sin intervenir en las decisiones editoriales ni en la difusión de información de interés público.
Contexto: el asesinato del periodista Alejandro Leyva
El 22 de julio pasado, el periodista Alejandro Leyva fue asesinado en San Pablo Etla, Oaxaca, cuando desayunaba en un establecimiento cercano a su domicilio. El ataque fue perpetrado por hombres armados que viajaban en motocicleta.
Alejandro Leyva era un periodista y columnista oaxaqueño reconocido por su espacio de opinión “El Zumbido del Moscardón”. También fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante una administración estatal anterior. En sus publicaciones mantenía una línea editorial crítica hacia el gobierno de Oaxaca, abordando temas de corrupción, seguridad y ejercicio del poder.
El asesinato ocurrió en un ambiente de creciente confrontación entre el periodista y el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, por lo que Leyva había denunciado públicamente amenazas y campañas de desprestigio en su contra.
En distintas ocasiones responsabilizó públicamente a funcionarios estatales por cualquier agresión que pudiera sufrir. Organizaciones defensoras de periodistas señalaron que las autoridades conocían el contexto de riesgo en el que trabajaba.
Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio y aseguró que no habría impunidad, rechazando cualquier vínculo del gobierno estatal con el crimen.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó desde el primer día la principal línea de investigación contempla la labor periodística de Leyva, se aseguraron videos de cámaras de vigilancia, se reconstruyó la ruta de escape, fue recuperada la motocicleta utilizada en el ataque, se difundió un retrato hablado de uno de los presuntos responsables y varias personas fueron presentadas para declarar durante las primeras diligencias.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación mediante la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y delitos contra la libertad de expresión.
Con el asesinato de Alejandro Leyva, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras señalaron que sumaban siete periodistas asesinados en México durante 2026.
lrc