El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca no es un hecho aislado; es, lamentablemente, la confirmación de una tendencia que se ha vuelto rutina en México, matar la verdad para imponer el silencio. Con su muerte, suman ya cuatro periodistas asesinados tan solo en lo que va de julio; cuatro voces apagadas en menos de un mes; cuatro recordatorios de que ejercer el periodismo en este país sigue siendo una actividad de alto riesgo.
La cifra es brutal por sí sola, pero aún más alarmante cuando se observa el acumulado anual, siete periodistas asesinados en lo que va de 2026 que se traducen en siete historias truncadas, siete familias marcadas por la violencia, siete casos que, muy probablemente, terminarán en la impunidad.
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Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Article 19 han encendido las alertas de manera reiterada. Sus llamados no son nuevos, pero sí cada vez más urgentes, pues México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, y aun así, la respuesta institucional sigue siendo tibia, reactiva y, en muchos casos, meramente discursiva.
La pregunta es inevitable: ¿qué está fallando? Y la respuesta apunta directamente al sistema de justicia y es porque no basta con condenar los hechos, ni con abrir carpetas de investigación que rara vez llegan a una sentencia; la impunidad es el verdadero combustible de esta violencia porque cuando matar a un periodista no tiene consecuencias reales, el mensaje es claro: se puede hacer.
Y mientras eso ocurre, el miedo se extiende no solo en Oaxaca, sino en todo el país, y Veracruz no es ajeno a esta realidad, aquí está el caso reciente de Acayucan, donde dos periodistas han sido amenazados por el simple hecho de hacer su trabajo; no fueron agredidos físicamente, aún, pero el mensaje es el mismo, dicen callar o enfrentar las consecuencias, y ese “aún” pesa porque en México, la amenaza suele ser la antesala del ataque.
El Estado mexicano ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes informan; los mecanismos de protección existen en el papel, pero en la práctica son insuficientes, lentos o simplemente inoperantes. La coordinación entre fiscalías, autoridades locales y federales es deficiente, y la voluntad política parece diluirse ante la complejidad, o la incomodidad, de enfrentar a los verdaderos responsables.
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Porque sí, muchas veces los agresores no son actores aislados; hay redes de complicidad, intereses políticos, económicos y criminales que convergen en un mismo objetivo, el de evitar que la información salga a la luz y en este contexto, ejercer el periodismo se convierte en un acto de resistencia, pero no debería serlo.
El periodismo no tendría que ser un oficio de riesgo, no tendría que implicar elegir entre informar o sobrevivir, no tendría que depender del valor individual cuando lo que se necesita es un sistema que proteja colectivamente.
Haciendo zoom… Hoy, la muerte de Francisco Alejandro Leyva obliga a mirar más allá de la indignación momentánea; obliga a cuestionar de fondo a las instituciones encargadas de impartir justicia, obliga a exigir resultados, no discursos, porque mientras la justicia no llegue, el mensaje seguirá siendo el mismo, en México, la verdad se paga con la vida y eso, en cualquier democracia que se respete, es simplemente inaceptable.
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