El Congreso de Sinaloa aprobó este miércoles, por mayoría calificada, una reforma que pospone de 2027 a 2028 la elección de las personas titulares de los cargos del Poder Judicial del Estado.
Con 30 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el Pleno avaló modificaciones a diversos artículos transitorios del Decreto 86, publicado tras la reforma constitucional en materia judicial aprobada el 18 de marzo de 2025.
La principal modificación corresponde al artículo transitorio segundo, que establece que la renovación total de los cargos de elección del Poder Judicial estatal se realizará durante el proceso electoral de 2028, un año después de lo previsto originalmente.
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Asimismo, se reformó el artículo transitorio cuarto para establecer que el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial iniciarán funciones una vez que rindan protesta las magistradas y magistrados electos en el proceso de 2028. En esa misma fecha quedará extinguido el Consejo de la Judicatura del Estado.
El Congreso también modificó el artículo transitorio quinto, que redefine la duración de los primeros nombramientos en el Tribunal de Disciplina Judicial para garantizar la renovación escalonada de sus integrantes. En lugar de periodos de tres, seis y nueve años, como contemplaba la reforma original, las magistraturas que se elegirán en 2028 tendrán una duración de dos, cinco y ocho años.
De igual forma, el artículo transitorio sexto establece que las Salas de Circuito continuarán en funciones hasta que rindan protesta las magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado electos en 2028.
Las reformas también modifican el artículo transitorio séptimo para que el Congreso del Estado realice las adecuaciones legales necesarias con miras al proceso electoral de 2028.
Además, se actualiza la disposición relativa al haber de retiro para las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que concluyan su encargo por no postularse o no resultar electos en esa elección, siempre que no tengan derecho al retiro voluntario.
Tras la aprobación del dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, instruyó la expedición del decreto y ordenó remitir el expediente a los 20 ayuntamientos de Sinaloa, que contarán con un plazo de 15 días para emitir el voto que corresponda conforme al procedimiento de reforma constitucional.
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Contexto: la reforma judicial en México
La reforma judicial en México fue aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre de 2024, tras una iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. El cambio constitucional estableció, por primera vez en la historia del país, que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces federales serían elegidos mediante voto popular, además de crear un Tribunal de Disciplina Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte.
Como parte de la armonización de esta reforma federal, los estados comenzaron a modificar sus constituciones y leyes para adaptar sus poderes judiciales al nuevo modelo de elección.
Sin embargo, varias entidades ajustaron los calendarios originalmente previstos para los comicios judiciales con el objetivo de contar con más tiempo para emitir la legislación secundaria, integrar los nuevos órganos y organizar el proceso electoral.
En ese contexto, el Congreso de Sinaloa aprobó aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial estatal, así como la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
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Endurecen sanciones contra ciberdelitos
Para fortalecer el combate a los delitos cibernéticos, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas y adiciones al Código Penal estatal con el propósito de actualizar el marco legal frente a las nuevas formas de delincuencia en el entorno digital.
En el dictamen, los integrantes de la Comisión de Justicia señalaron que las modificaciones buscan dotar al Estado de herramientas jurídicas para enfrentar las amenazas y delitos cometidos en el ciberespacio, además de reforzar la protección de la privacidad, la dignidad y los datos personales de las víctimas.
Entre los cambios aprobados se contempla aumentar hasta en una mitad las penas por el delito de amenazas cuando estas se realicen mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, así como a través de imágenes, audios o videos de la persona afectada.
Asimismo, las reformas incorporan la tipificación del delito de fraude informático en los casos en que una persona engañe a la víctima haciéndose pasar por empleado de una institución financiera, una empresa o alguna dependencia de la administración pública estatal o municipal para obtener información, recursos o cualquier otro beneficio ilícito.
En el marco de la discusión del dictamen mediante el cual el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas al Código Penal para fortalecer el combate a los delitos cibernéticos, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez del PAS, y el diputado Gregorio Bojórquez Estrada de Morena, manifestaron su respaldo a las modificaciones al considerar que permitirán actualizar el marco jurídico frente a los desafíos de la era digital.
Al participar en tribuna, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez señaló que la reforma dotará a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia de un marco jurídico penal que fortalecerá su capacidad para prevenir y combatir los delitos cometidos en el ciberespacio, además de brindar una mayor protección a las víctimas.
Recordó que la primera reforma en materia de delitos informáticos en Sinaloa fue aprobada hace más de 31 años, por lo que consideró indispensable actualizar la legislación ante la evolución de las tecnologías de la información y las nuevas modalidades delictivas.