El reportero Pedro Montaño, de API Guerrero, fue víctima de amenazas telefónicas por parte de un hombre que afirmó pertenecer a un “grupo delictivo de la sierra” y que, además, le proporcionó información personal sobre su domicilio.
De acuerdo con el testimonio compartido con ARTICLE 19, el agresor se identificó como “Jesús Sierra” y afirmó tener vínculos con el secretario de Seguridad Pública y con el presidente municipal de Iguala, Guerrero, Eric Catalán Rendón.
Durante la llamada, lanzó amenazas directas y exigió dinero a cambio de no hacerle daño a él y a su familia, además de advertir que conocía su ubicación, teléfono y datos personales entre ellas:
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“¿Cómo nos podemos arreglar o mandamos por ti?… ¿Cómo le hacemos para que no te pase nada? ¿Cuánto tienes de dinero para que no te hagamos daño?… atente a las consecuencias tú y tu familia”.
Tras la llamada, Montaño activó el botón de pánico del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que activó la llegada de la Guardia Nacional y policías estatales.
ARTICLE 19 informó que el periodista ya había sido víctima de amenazas previas relacionadas con su labor periodística, especialmente por sus cuestionamientos al actuar de autoridades municipales.
La organización también tiene registro de amenazas de muerte previas, presuntamente vinculadas a grupos criminales.
Otro reportero denunció agresiones mientras cubría un accidente
Carlos Tun, comunicador de una página digital, presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado domingo.
De acuerdo con el relato del periodista, todo ocurrió mientras transmitía en vivo desde la avenida López Mateos, donde un motociclista perdió la vida tras derrapar. Durante la cobertura, varios elementos policiacos se acercaron para solicitarle que dejara de grabar al considerar que se encontraba dentro del perímetro de seguridad.
Carlos Tun aseguró que no observó cintas o señalamientos que delimitaran la zona restringida y explicó a los agentes que pensó encontrarse en un área permitida para el ejercicio periodístico. Según su versión, incluso solicitó retirarse del lugar, pero la situación escaló rápidamente.
El comunicador afirmó que varios policías comenzaron a empujarlo para sacarlo de la zona y que una agente incluso le habría presionado la garganta durante la intervención.
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Una vez fuera del área acordonada, señaló que los elementos le retiraron el equipo con el que realizaba la transmisión en vivo para impedir que continuara documentando lo ocurrido.
Posteriormente fue esposado y trasladado a los separos de un juzgado cívico, donde permaneció varias horas detenido hasta cubrir una multa de mil 200 pesos para recuperar su libertad.
El arresto quedó registrado en una transmisión en vivo y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde generó numerosas reacciones y críticas por parte de usuarios, colegas periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Presenta denuncias ante autoridades y Derechos Humanos
Tras recuperar su libertad, Carlos Tun acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Campeche para identificar a los agentes que participaron en su detención y presentar una denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad, lesiones y detención arbitraria.
Un día después formalizó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, organismo que deberá analizar los hechos y determinar si existieron violaciones a sus derechos fundamentales durante el ejercicio de su labor periodística.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sanciones o medidas cautelares contra los elementos involucrados.
Policía Estatal anuncia investigación interna
Luego de que las imágenes del arresto circularan ampliamente en redes sociales, la Secretaría de Protección Ciudadana emitió un comunicado oficial en el que aseguró que realizará una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La corporación señaló que revisará la actuación de los policías participantes y afirmó que, en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos a los protocolos institucionales, se procederá conforme a la normatividad vigente.
El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que periodistas y comunicadores realizan coberturas de hechos de emergencia y seguridad pública, así como sobre la necesidad de garantizar el respeto al trabajo informativo en espacios públicos.
Contexto
De acuerdo con la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en tiempos de paz. La agrupación documenta de manera constante agresiones, amenazas y actos de intimidación contra comunicadores en distintas regiones del país.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en diversos informes que las autoridades tienen la obligación de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico, especialmente durante coberturas relacionadas con hechos de seguridad pública.
Asimismo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mantiene registros de comunicadores que han solicitado medidas de protección ante riesgos derivados de su actividad profesional.