La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, tenga relación alguna con la investigación abierta en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
La FGR precisó que las líneas de investigación integradas por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional “no guardan ninguna relación” con los hechos denunciados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos.
“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, señaló la institución.
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El posicionamiento federal ocurre en medio de una de las mayores crisis políticas y judiciales recientes en Sinaloa, donde convergen acusaciones de presunta infiltración criminal en instituciones públicas, señalamientos de protección a facciones del Cártel de Sinaloa, el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Cuén Ojeda.
Aunque distintos nombres aparecen mencionados en expedientes paralelos y en la carta difundida por el abogado de “El Mayo”, la FGR insistió en deslindar formalmente el homicidio de Cuén de las acusaciones judiciales promovidas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.
CASO ROCHA MOYA - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
FGR reactiva investigación por homicidio de Héctor Melesio Cuén
Este martes, la Fiscalía General de la República reactivó la investigación sobre la presunta intervención del Cártel de Sinaloa en la elección estatal de 2021, en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, y revisa de manera paralela la carpeta por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
De acuerdo con reportes nacionales, el Ministerio Público Federal integra distintas líneas relacionadas con señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses: la elección de 2021, el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio de Cuén Ojeda y las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otras nueve personas.
Hasta ahora, Rocha Moya no ha sido citado a declarar por la FGR, ni por las acusaciones de Estados Unidos ni por las investigaciones relacionadas con el caso de “El Mayo” Zambada y Héctor Melesio Cuén Ojeda, según reportes atribuidos a autoridades ministeriales federales.
El nuevo impulso a la investigación ocurre después de que autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señalan de presuntamente proteger operaciones de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La acusación estadounidense sostiene que el entonces candidato habría recibido apoyo criminal durante la elección de 2021 y que, a cambio, habría prometido colocar a personas cercanas al grupo criminal en posiciones de autoridad dentro del gobierno estatal.
Esa versión forma parte del expediente judicial abierto en una corte federal de Nueva York, pero las autoridades mexicanas han señalado que Estados Unidos aún no ha entregado pruebas suficientes para sostener una detención provisional en México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió las solicitudes de detención provisional, aunque indicó que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no contenían elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidades penales conforme al sistema jurídico mexicano.
La FGR pide más información a Estados Unidos
La Fiscalía General de la República indicó posteriormente que solicitará información adicional antes de definir si procede alguna medida conforme a la legislación mexicana.
Rocha Moya ha rechazado públicamente las imputaciones. En posicionamientos difundidos por el Gobierno de Sinaloa, el mandatario con licencia sostuvo que las acusaciones carecen de veracidad y fundamento, y afirmó que demostrará la falta de sustento de los señalamientos.
Sin embargo, mientras las acusaciones estadounidenses avanzan por una vía judicial distinta, en México continúa abierta otra de las investigaciones más delicadas de los últimos años: el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El caso Cuén y las “dos versiones” de su muerte
La revisión del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda se convirtió en una de las partes más sensibles del expediente federal por las profundas contradicciones entre la narrativa inicial construida por autoridades sinaloenses y los hallazgos posteriores de la FGR.
El exrector de la UAS, exalcalde de Culiacán y diputado federal electo fue asesinado el 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada apareció en Estados Unidos tras un episodio que el propio capo describió posteriormente como un secuestro.
Con el paso de las semanas, el caso terminó dividido en dos relatos completamente distintos sobre cómo y dónde murió Cuén Ojeda.
Por un lado, la versión inicial sostenida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y respaldada inicialmente por el testimonio de Fausto Corrales, colaborador y asistente cercano de Cuén.
Por el otro, la versión presentada semanas después por Ismael “El Mayo” Zambada en una carta difundida por su abogado Frank Pérez y posteriormente fortalecida por los hallazgos científicos de la FGR.
Primera versión: el asalto en una gasolinera
La primera narrativa oficial fue difundida por autoridades estatales de Sinaloa pocas horas después del asesinato.
Según esa versión, Cuén Ojeda había sido atacado durante un intento de robo de su camioneta Ford Raptor en una gasolinera ubicada en La Presita, al norte de Culiacán.
De acuerdo con el relato presentado inicialmente por la Fiscalía estatal, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo. Uno de ellos abrió la puerta del copiloto y disparó contra Cuén cuando presuntamente intentaron despojarlo de la unidad.
La versión se apoyó principalmente en el testimonio de Fausto Corrales, colaborador cercano del exrector y quien era considerado el principal testigo presencial de los hechos.
Además, la Fiscalía de Sinaloa presentó públicamente un video de cámaras de seguridad donde supuestamente se observaba la llegada de la motocicleta y se escuchaba una detonación.
Las autoridades estatales sostuvieron entonces que Cuén murió por un choque hipovolémico derivado de lesiones en una pierna tras ser trasladado a una clínica privada.
Durante varios días esa fue la narrativa oficial del caso.
Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones federales comenzaron a surgir inconsistencias que terminaron debilitando la versión estatal.
Las inconsistencias que detectó la FGR
Tras atraer el caso el 11 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la República comenzó a revisar peritajes, testimonios y evidencia física relacionados con el homicidio.
La autoridad federal encontró irregularidades que consideró graves.
Uno de los principales elementos fue la necropsia. Mientras el video difundido por la Fiscalía estatal sugería un solo disparo, los estudios forenses mostraron que Cuén recibió cuatro impactos de bala en las piernas.
Además, el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza que no había sido explicado adecuadamente en los primeros reportes ministeriales.
La FGR también cuestionó el manejo del cuerpo y señaló que se permitió su cremación pese a tratarse de una investigación de homicidio, lo que calificó como contrario a protocolos básicos de preservación de evidencia criminalística.
Otro elemento que debilitó la narrativa inicial fueron los testimonios de empleados de la gasolinera, quienes declararon posteriormente no haber escuchado detonaciones la noche de los hechos, contradiciendo el video con audio difundido por la Fiscalía estatal.
La autoridad federal también detectó inconsistencias documentales y deficiencias en el procesamiento de indicios periciales.
Con el paso de los meses, la FGR terminó calificando como “inaceptable” la investigación inicial realizada por autoridades locales.
La carta de “El Mayo” Zambada y la segunda versión
El caso tomó dimensión nacional el 10 de agosto de 2024, cuando Frank Pérez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, difundió una carta atribuida al líder histórico del Cártel de Sinaloa.
En el documento, Zambada aseguró que fue citado a una reunión en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, en Culiacán.
Según esa versión, el encuentro tenía como objetivo mediar diferencias políticas entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda relacionadas con el control político e institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Zambada afirmó que llegó al lugar antes de las 11 de la mañana del 25 de julio de 2024 y que ahí vio y saludó brevemente a Cuén.
Posteriormente, aseguró, fue emboscado por personas cercanas a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En la misma carta sostuvo que Cuén fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar” donde él fue privado de la libertad.
Además, calificó como falsa la narrativa del intento de robo en la gasolinera y aseguró que esa historia había sido fabricada posteriormente.
Las declaraciones del capo cambiaron completamente el rumbo público del caso.
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La versión federal termina coincidiendo con la de “El Mayo”
Meses después, la FGR informó que en una finca ubicada en Huertos del Pedregal fueron hallados indicios hemáticos correspondientes a Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Ese hallazgo fue uno de los puntos más importantes de toda la investigación.
Con ello, la autoridad federal sostuvo que Cuén efectivamente estuvo en el mismo lugar donde habría sido privado de la libertad “El Mayo” Zambada.
Además, la FGR concluyó que la muerte del exrector ocurrió horas antes del video de la gasolinera difundido por autoridades locales.
Es decir, la reconstrucción científica y ministerial de la Fiscalía terminó acercándose mucho más a la versión narrada por Zambada que a la historia inicialmente presentada por la Fiscalía de Sinaloa.
La investigación federal también abrió señalamientos sobre posibles responsabilidades penales o administrativas de funcionarios ministeriales, policías y peritos que participaron en las primeras diligencias del caso.
El papel de Fausto Corrales
Uno de los personajes centrales en la construcción de la primera narrativa fue Fausto Corrales, colaborador y asistente de Cuén Ojeda.
Inicialmente, Corrales sostuvo ante autoridades locales que el ataque ocurrió en la gasolinera de La Presita.
Sin embargo, conforme avanzó la investigación federal comenzaron a surgir versiones sobre contradicciones en sus declaraciones.
Reportes posteriores indicaron que la FGR contaba con registros y testimonios donde Corrales se desmarcaba parcialmente de la primera narrativa.
La autoridad federal consideró necesario volver a citarlo para ampliar su declaración debido a las inconsistencias detectadas entre el relato inicial y los hallazgos periciales posteriores.
Su testimonio se convirtió en uno de los puntos clave para entender cómo se construyó la primera versión pública del caso.
La caída de la versión estatal
Las contradicciones entre ambas narrativas terminaron provocando una crisis dentro de la Fiscalía de Sinaloa.
El 16 de agosto de 2024, la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia luego de los señalamientos derivados de la investigación federal.
La salida de la fiscal ocurrió días después de que la FGR hiciera públicas varias inconsistencias relacionadas con la necropsia, el manejo del cuerpo, los videos y el procesamiento inicial de evidencia.
A partir de entonces, la autoridad federal asumió el control total de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Cuén Ojeda.
Fechas clave del caso Cuén
2 de junio de 2024
- Héctor Melesio Cuén Ojeda es electo diputado federal plurinominal.
8 de julio de 2024
- Cuén denuncia públicamente que le fue retirada protección de la Guardia Nacional y responsabiliza al gobierno estatal de cualquier cosa que pudiera ocurrirle.
20 de julio de 2024
- En su programa “Cuentas Claras”, Cuén critica presuntos financiamientos ilícitos relacionados con la campaña de Rubén Rocha Moya en 2021.
25 de julio de 2024
- Ocurren el asesinato de Cuén Ojeda y la captura o secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
10 de agosto de 2024
- Se difunde la carta de “El Mayo” Zambada donde asegura que Cuén fue asesinado en Huertos del Pedregal.
11 de agosto de 2024
- La FGR atrae formalmente la investigación por el homicidio.
12 de agosto de 2024
- La Fiscalía de Sinaloa presenta públicamente el video de la gasolinera para sostener la versión del asalto.
15 de agosto de 2024
- La FGR revela irregularidades e inconsistencias en la investigación local.
16 de agosto de 2024
- Renuncia Sara Bruna Quiñónez como fiscal de Sinaloa.
21 de agosto de 2024
- La FGR confirma la ubicación de la finca de Huertos del Pedregal relacionada con el caso.
Octubre de 2024
- La Fiscalía ratifica el hallazgo de sangre de Cuén en el lugar vinculado con el secuestro de “El Mayo”.
Acusaciones de EU y crisis política en Sinaloa
La reapertura de estas líneas de investigación ocurre en medio de la crisis política más fuerte del gobierno de Rocha Moya.
La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros funcionarios sinaloenses colocó bajo revisión no solo la actuación individual de los señalados, sino también la posible infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y municipales.
Entre las personas mencionadas en los reportes relacionados con la solicitud estadounidense aparecen perfiles políticos, ministeriales y de seguridad pública, incluidos funcionarios estatales, municipales y exmandos vinculados con áreas de procuración de justicia y seguridad.
La acusación apunta a una presunta protección institucional a Los Chapitos, aunque México ha insistido en que requiere pruebas formales antes de proceder penalmente.
Por ahora, la FGR mantiene abiertas las investigaciones en México y espera información adicional del gobierno estadounidense.
La autoridad federal no ha informado si citará a Rocha Moya o a otros señalados, pero la integración de las carpetas coloca nuevamente bajo escrutinio tres episodios que terminaron convergiendo en una misma crisis política y judicial en Sinaloa: la elección de 2021, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.