SINALOA.- La madrugada del 14 de abril, Anahí Guadalupe, de 39 años, murió en un hospital de Culiacán por las heridas de bala que sufrió desde el pasado 8 de abril en la colonia Domingo Rubí, sector Chulavista.
Con este caso, Sinaloa alcanzó la cifra de 28 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, mientras activistas se cuestionan la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres, como es la alerta de género.
En el primer trimestre de 2026, Sinaloa acumuló 16 feminicidios, un aumento de 129 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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En paralelo, la entidad se ubicó en primer lugar nacional por tasa de feminicidios en el primer bimestre del año, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del SESNSP citado por medios locales.
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Se presentaron 11 casos en enero, 8 en febrero, 3 en marzo y 8 más en abril, hasta el día 14. Las mujeres fueron asesinadas en Culiacán, Navolato, Guasave, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio; las víctimas fueron halladas en viviendas, calles, hospitales y fosas clandestinas; expedientes con nombres y edades, pero también casos sin identificar.
Activistas aseguran que la alerta de género no funciona
Para la activista Heidy Mares, el saldo de estos meses no deja margen para lecturas complacientes.
“Eso solo evidencia que la alerta de género no está funcionando”, señaló.
La activista sostuvo que el problema también está en la respuesta posterior a cada crimen. “El Estado no está previniendo, activando protocolos, ni protegiendo como debería”, afirmó.
Mares advirtió además que el entorno general de inseguridad en Sinaloa ha terminado por desdibujar parte de la violencia feminicida.
En ese contexto, dijo, varios asesinatos de mujeres terminan clasificados como homicidios dolosos sin que se agote desde el inicio una investigación con perspectiva de género.
La tipificación define el enfoque de la indagatoria, la línea de investigación y la obligación de las autoridades de considerar el contexto de violencia contra las mujeres.
Esa práctica, añadió, tiene consecuencias que van más allá de la estadística. Cuando una muerte violenta de mujer no se investiga con la debida diligencia, el Estado no solo compromete el acceso a la justicia para la víctima y su familia; también debilita sus propias herramientas para dimensionar la crisis y responder a ella con precisión.
“Cada feminicidio no investigado con diligencia es una falta grave a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo.
lrc